Histórico fallo de la Suprema Corte de Justicia de Argentina contra represores de la dictadura

Declaran inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final

Por Stella Calloni

Buenos Aires, 14 de junio. En un histórico fallo, la Suprema Corte de Justicia de Argentina declaró este martes inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final dictadas en 1986 y 1987, que permitieron la impunidad para los responsables de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983).

La decisión fue calificada de "histórica" por dirigentes humanitarios y juristas, para quienes esto permitirá reabrir decenas de causas y juicios, y llenó de júbilo y esperanza a familiares de los 30 mil desaparecidos, y a los sobrevivientes de aquellos años de terrorismo de Estado.

Mientras miembros de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo -organizaciones emblemáticas en la búsqueda de justicia-, familiares de desaparecidos y otros organismos de derechos humanos se congregaban en las puertas del tribunal para festejar el fallo, algunos medios ligados a la los dictadores advertían de "malestar en las Fuerzas Armadas". Y el empresario y presidente de Boca Juniors, Mauricio Macri, aspirante a diputado en las próximas legislativas, dijo que "todo lo que no marque una coherencia lo recibo con resquemor", pues consideró que no se pueden cambiar las leyes.

Pero el ministro de Defensa, José Pampuro, minimizó cualquier reacción militar, y explicó que si había algún tipo de inquietud, no era en la fuerza, "sino a título personal" de los que pudieran ser citados por la justicia.

El fallo de la Suprema Corte permitirá reabrir juicios e investigaciones, paralizados por las leyes, cuando durante el primer gobierno democrático que sucedió a la dictadura, el Congreso votó las leyes de impunidad, según muchos explicaron luego, ante las amenazas de golpes de Estado contra el entonces presidente Raúl Alfonsín.

También los integrantes de las juntas militares de la dictadura, a los que no se aplicaban las leyes según las cuales los represores sólo cumplían órdenes superiores, se beneficiaron con un indulto dictado en 1990 por el entonces presidente Carlos Menem.

La larga lucha de los organismos de derechos humanos, con aquellas madres que solitarias comenzaron a rondar la Plaza de Mayo en 1977, exigiendo la aparición de sus hijos, fue dando resultados en el transcurso de estos años.

En 2003, después de la asunción del presidente, Néstor Kirchner, hubo un cambio significativo en la política de derechos humanos y, a su instancia, el Congreso anuló las leyes de amnistía, lo que abrió la posibilidad de reanudar algunas causas.

Pero faltaba esta decisión de la Corte -cuya nueva conformación acabó con la dependencia del poder en los tiempos de Menem-, que al fin llegó, por siete votos en favor, uno en contra y una abstención.

"Es un fallo que nos devuelve la fe en la justicia", dijo el presidente Kirchner en un acto en la ciudad cordobesa de Villa María. En el mismo acto, el jefe del ejército, general Roberto Bendini, declaró que el fallo de inconstitucionalidad es el paso inicial "para reiniciar el rencuentro de todos los argentinos".

Aunque como sostiene quien fuera fiscal en el juicio a las juntas militares en 1985, Julio César Strassera, el fallo puede traer "problemas" debido a los años que han pasado para reunir las pruebas nuevamente, "es una decisión histórica".

"Es la primera vez que se han tornado de aplicación directa reglas de derecho internacional", sostuvo a su vez el jurista Ricardo Gil Saavedra, para quien esta decisión sentará precedente en todo el mundo.

Según organismos de derechos humanos, la decisión de la Corte podría llevar a la detención de cerca de medio millar de militares y policías retirados, que no sólo asesinaron y desaparecieron a miles de personas, sino que además robaron a más de 400 niños nacidos durante el cautiverio de sus padres. Pero además, se alzaron con casas y bienes de los desaparecidos, en un botín de guerra que dio paso a instituciones corruptas en plena democracia.

Muchos de estos responsables de terrorismo de Estado se reciclaron en empresarios de todo tipo o forman parte de organismos de seguridad privada.

"Este fallo es histórico, por fin se ha hecho justicia", dijo con su pañuelo blanco en la cabeza, llorando de emoción, Taty Almeida, una de las Madres de Plaza de Mayo línea fundadora. También Nora Cortiñas, presidenta de ese organismo, y Estela Carloto, de Abuelas de Plaza de Mayo, estaban visiblemente emocionadas a las puertas del tribunal.

Más cauta, Hebe de Bonafini dijo no tener expectativas en que el fallo permita que los represores vayan a la cárcel, porque "van a elegir el lugar, seguramente algún regimiento militar".

Pero Carloto recordó: "Los delitos de lesa humanidad no prescriben (...) Nosotros les pedimos a todos los presidentes y no descansamos nunca, y tampoco fuimos tan escuchadas, hasta este gobierno y eso debe ser reconocido".

Recordó que el presidente Kirchner se comprometió a reconstruir la justicia, y "así vimos cómo se renovó una Corte, que nos avergonzaba, luego el Congreso declaró nulas estas leyes, vivimos el desalojo de ese terrible campo de concentración que fue la escuela de Mecánica de la Armada, y tantos otros avances, pero faltaba" la decisión de la Suprema Corte.

Para Cortiñas, las leyes de impunidad fueron "ejemplo de una cobardía gubernamental y legislativa, ya que había un pueblo en las calles contra cualquier intento de golpe, pero las leyes salieron y la impunidad nos hizo vivir con los criminales en las calles".

Uno de estos criminales es el ex policía Julio Héctor Simón, apodado Turco Julián, acusado en el caso testigo que utilizó la Corte Suprema. Simón era parte de un "grupo de tarea" que secuestró y desapareció a cientos de personas. Entre ellos estaban el chileno José Liborio Poblete, de 23 años, y su esposa argentina, Marta Gertrudis Hlaczik, ambos lisiados. Poblete, quien había perdido ambas piernas en un accidente de tren en su país natal, formó aquí en 1971 el Frente de Lisiados Peronistas.

Ambos fueron brutalmente torturados en el campo de concentración de El Olimpo, como testimoniaron sobrevivientes. Su pequeña de ocho meses, Claudia Victoria, fue secuestrada y apropiada por un teniente coronel y su esposa.

Recién 22 años más tarde Claudia fue hallada por Abuelas de Plaza de Mayo, y pudo conocer a su familia biológica.

En marzo de 2001 el juez federal Gabriel Cavallo declaró la inconstitucionalidad de las leyes que permitían la impunidad, que hasta ese momento habían amparado a los responsables de este crimen.

Así comenzó un nuevo proceso que llevó a la decisión de la Suprema Corte, gracias a la obstinación de miles y de sobrevivientes y familiares de desaparecidos, que buscan acabar con una impunidad que hasta hoy sigue dejando víctimas, tanto de la tortura como de crímenes que cometen muchos de aquellos policías que fueron educados para el terrorismo de Estado y el "gatillo fácil".

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