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Entierros sin velatorios

Publie le Jueves 30 de diciembre de 2004 par Open-Publishing
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Por Florencia Rovetto Gonem

Las ciencias de la arqueología, la paleontología y la antropología nos suenan familiares a partir de las noticias que con periodicidad recorren las cadenas de medios de comunicación informándonos de las excavaciones en ruinas de civilizaciones pasadas y pisadas por el paso de los siglos, los descubrimientos de restos óseos de humanoides que nos precedieron, los hallazgos de fósiles jurásicos que salen a la luz. En fin, toda una serie de evidencias nos demuestran permanentemente que la tierra existe desde hace muchos años, que en ella han pasado muchas cosas y que todavía guarda secretamente en sus entrañas información del pasado.

Muchos de estos restos prehistóricos o antiguos, se hallan enterrados al mismo nivel que los fusilados durante la Guerra Civil Española o los desaparecidos de la última dictadura militar argentina. Es sorprendente ver la explosión de júbilo que se produce entre los científicos cada vez que se encuentra una mandíbula de tiranosaurio o algún resto óseo humanoide capaz de retrotraer nuestro origen a 1 millón de años atrás. Estos huesos son aplaudidos y exhibidos por todas las cadenas de información, que con serena alegría nos permiten recuperar el orgullo de ser primates. Pero los otros huesos, los enterrados, tapados y silenciados hace tan sólo algunas décadas no son recibidos de la misma manera, no tienen tanta prensa. Más bien hay quienes pretenden dejarlos allí, no mover ni un gramo de la tierra que cubres los cuerpos de los muertos o fusilados, que nos haga interpelar nuestro pasado reciente, la brutalidad de esos crímenes, las injustas muertes y la impunidad con la que se oculta esa parte de la historia.

Contrastes o contradicciones sobre la memoria

Hace poco más de un año la Generalitat de Catalunya, todavía gobernada por CiU, prohibió que un grupo de científicos realizara excavaciones en una fosa común del Ajuntamiento de Albinyana (Baix Penedès), donde fueron enterrados 56 soldados republicanos en 1939. Mientras tanto, casi simultáneamente, la Plataforma Argentina Contra la Impunidad - Barcelona, presentaba a la Regiduría de Participació Ciutadana, Solidaritat i Cooperació del Ajuntamiento de Barcelona una propuesta de apoyo a la investigación de una presunta fosa común que se estaba iniciando en la provincia de Tucumán (norte argentino). Como resultado de esta propuesta el ayuntamiento de Barcelona otorgó poco tiempo después un subsidio de 15.000 euros a la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán para investigar el ’Pozo de Vargas’ a pedido del Juez Federal, Felipe Terán.

El proceso judicial se había abierto a partir de una denuncia presenta ante la Justicia Federal por un grupo de familiares de víctimas de la represión para demostrar la existencia de la represión en la provincia y la desaparición física de personas disidentes al régimen.

Tucumán es la provincia más pequeña de la República Argentina y proporcionalmente la más golpeada por la represión de la dictadura. Un año antes que en el resto del país, se inicia allí el Operativo Independencia, denominación bajo la cual se organizó la represión de la guerrilla rural y de todas las expresiones de lucha popular. El operativo estaba a cargo de los generales Acdel Vilas y Antonio Bussi, que luego fue gobernador de Tucumán durante la presidencia de Carlos Menen.

Durante la dictadura (1976 - 1983) más de 3.000 tucumanos fueron recluidos en distintos centros clandestinos de detención - ’chupaderos’, campos de concentración y exterminio. A través del testimonio de los pocos sobrevivientes, se constató el funcionamiento de más de 20 centros clandestinos de detención y otras tantas fosas comunes. Una de ellas, detectada gracias a los testimonios de los vecinos de la zona, está ubicada en la Finca de Vargas, muy cerca de la capital tucumana. Allí se había construido en los años 30 un pozo de agua de mucha profundidad para abastecer a las locomotoras del ferrocarril que pasaba muy cerca del lugar. Se presupone la existencia de más de 800 cuerpos enterrados en el pozo tapado posteriormente con diferentes sedimentos antrópicos.

A principio de noviembre de este año se concretaron los hallazgos de los primeros restos óseos humanos, constatando la existencia material de la represión en Tucumán. Actualmente estos restos están siendo sometidos a su identificación. La lucha por esclarecer una parte de los hechos más sangrientos de la historia argentina no ha sido fácil, no sólo por los costos de infraestructura que requieren este tipo de investigaciones sino porque desde que se presentó la denuncia en la Justicia, los dueños del terror y centinelas del olvido han atentado contra la abogada que lleva la causa y amedrentado a familiares de las víctimas además de poner trabas legales para que la causa no avance. Muchos de los avances se han logrado con los aportes solidarios de distintas instituciones de argentinas, así como de la ya mencionada aportación del Ajuntamiento de Barcelona. Se espera que frente a la confirmación material de la represión genocida en la provincia de Tucumán, los apoyos materiales y políticos provengan de los organismos institucionales del Estado Argentino que debe velar por la continuidad en el esclarecimiento de estas causas.

Cambio de perspectiva

En una dirección opuesta a la del gobierno anterior, hace pocos días la Generalitat de Catalunya ha realizado las primeras exhumaciones en una fosa común de Mas Puigvistós de Prats de Lluçanés (Osana), dirigidas por el Instituto de Medicina Legal de Catalunya. Se sabe que de los siete cadáveres encontrados, hay un civil y seis soldados republicanos, que todos murieron por armas de fuego entre el 1 y el 4 de febrero de 1939 en los combates para impedir la entrada de las tropas franquistas en la población. Los cadáveres tenían entre 22 y 39 años de edad.

Los cadáveres se han podido identificar gracias a las técnicas antropológicas y antropométricas, a la aproximación de las características físicas y las proporciones craneofaciales comparadas con una fotografía y a la prueba de ADN de un sobrina.

La apertura de la fosa ha evidenciado las dificultades que comporta la identificación de cadáveres si no se dispone de datos muy concretos y de familiares con los que se pueda hacer la comparación de ADN.

Por este motivo el Gobierno Catalán prevé presentar para el próximo año un protocolo para la apertura de fosas comunes y la exhumación de sus restos, siempre y cuando tengan todas las garantías de identificación.

El ejecutivo catalán tiene censadas en estos momentos 152 fosas en las que habría enterradas unas 9.000 personas como mínimo. Frente a la imposibilidad de abrirlas a todas el ejecutivo se propone la dignificación de estos espacios.

La existencia de fosas comunes olvidadas a merced del silencio es un oprobio para cualquier país. Negar su existencia contribuye a dejar una parte de la historia silenciada (pero nunca olvidada) mientras la memoria seguirá quedando incompleta bajo la sombra indigna de la impunidad.

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