En las zonas calientes del conflicto colombiano

Crónica de una diputada española, miembro de la Comisión de
Verificación de Vulneración de Derechos Humanos en Colombia, tras
visitar Magdalena Medio, Urabá y Arauca.

Gravemente preocupadas por la violación constante y sistemática de los
derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario en Colombia,
un grupo de organizaciones no gubernamentales de Valencia integradas
en la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia (Cedsala,
CEAR, Ospaaal, Colectivo Sur-Cacarica, Sodepaz-PV y CEPS) organizó del
10 al 25 de enero pasado una Comisión de Verificación del respeto a
los derechos humanos en tres de las zonas más conflictivas del país:
Magdalena Medio, Urabá y Arauca, además de Bogotá y Medellín, a fin de
conocer directamente la situación de las víctimas del conflicto y
transmitir sus demandas a las autoridades colombianas, al gobierno y
parlamento español y a los organismos internacionales que trabajan en
la defensa de los derechos humanos.

Por Isaura Navarro
Diputada de IU en el Congreso de los Diputados
2 de febrero de 2005

Nunca ha sido fácil ser líder social, activista o simplemente de
izquierdas en Colombia, pero desde que Uribe dirige el país la
visibilizacion de la situación colombiana es cada día mas borrosa, con
la inestimable ayuda de los medios de comunicación. De este modo,
representantes de distintas ONG valencianas y diputados de IU
decidimos ir a Colombia a conocer de primera mano su realidad.
Recordemos que España es el segundo país inversor en Colombia.

En primer lugar, nuestro país no debería apoyar a un país acusado y
condenado una y otra vez por vulneración de los derechos humanos. Las
propias ONG colombianas nos han trasmitido su preocupación respecto al
dinero que España destina a la cooperación con Colombia, pues si éste
no va acompañado de un seguimiento y control acaba en manos de los
paramilitares, siendo utilizado para su causa, que incluye la
persecución de los activistas de izquierdas.

No es fácil colaborar con Colombia, no es fácil saber dónde está el
camino desde el exterior, pero hay una máxima que se dice allá y hemos
de tener presente: el conflicto colombiano es complejo, pero no
confuso; esto es, a la hora de cooperar hemos de saber con quién lo
hacemos y dónde va a ir destinada esa ayuda.

Una de las denuncias más recurrentes recae sobre la política de
detenciones masivas, que al carecer de justificación alguna finalizan
con la puesta en libertad al cabo de algunos meses, a no ser que
decidan acusarte de relaciones con la insurgencia (muy frecuente
cuando se trata de líderes sociales). En ese caso, nadie sabe el
tiempo que se durará en prisión, como es el caso de Luz Perly Córdoba,
responsable de derechos humanos de la Federación Nacional Sindical
Uniatria Agropecuaria Fensuagro-CUT, detenida el 18 de febrero de
2004, hace ya un año. Colombia también cuenta con líderes que después
de ser excarcelados han sido asesinados. El delito de rebelión se
identifica con el derecho a pensar diferente. Sin embargo, el Gobierno
mantiene que en Colombia no existen los presos políticos, sino presos
terroristas. Incluso llegaron a pedirle al Comité de Solidaridad con
los Presos Políticos que cambiara su nombre. Su presidenta, Yolanda
Amaya, estuvo detenida durante 30 meses. Actualmente se encuentra de
nuevo amenazada.

Una fiscalía subjetiva

La Fiscalía centra su actividad en perseguir a los líderes sociales y
sindicales, judicializando sus acciones en vez de protegerles. Este
hecho se suma a la falta de independencia del poder judicial y la
militarización de la mayoría de los casos (justicia penal militar) con
la consiguiente absolución por tratarse de casos ocurridos en acto de
servicio, alcanzando la impunidad la cifra de 97,7%.

Mientras, el Gobierno habla de reducción del número de asesinatos; las
organizaciones sociales también nos alertan del número de
desaparecidos. Se nos alerta sobre el cambio de mecanismo para
asesinar: se utilizan armas blancas atribuibles a la delincuencia
común para no engrosar las listas de muertes derivadas del conflicto
(las estadísticas se rigen por conceptos legales).

Igualmente, el número de desplazados no cesa de incrementarse: se
calculan cuatro millones de colombianos. Hay gente especialmente
señalada por cuestionar al actual gobierno y su militarización
imparable, la cual ha de cambiarse de domicilio cada tres meses y
nadie sabe dónde reside. Las organizaciones sociales tienen también
infiltrados. Los informantes se han apoderado de la Justicia, obtienen
beneficios y señalan a cualquier persona sin pruebas con el fin de que
sea detenida y juzgada. La gente tiene miedo de hablar en público.

La desconfianza hacia el Gobierno, originada por su falta de
protección y acción contra los paramilitares, ha supuesto que la gente
ya no se registre cuando se desplaza. El propio Tribunal
Constitucional ha pedido —en una sentencia de febrero de 2004— al
Gobierno que corrija las carencias en cuanto a la acción pública en
materia de desplazamientos y protección de derechos. Tenían un año
para ejecutarla y sólo se ha observado un retroceso.

Pensar diferente implica ser objetivo militar de autoridades y
paramilitares. Allá donde los paramilitares han tomado la zona se
percibe una falsa calma, quien no comulga es torturado, detenido o
asesinado, las organizaciones sociales se ven forzadas a abandonar sus
trabajos, obligan a los jóvenes a trabajar con ellos, se apoderan de
las cooperativas de trabajo por lo que o no comes o son ellos los que
te mandan, teniendo que pagarles una parte de tu salario.

Según las ONG, los grandes paramilitares están en las instituciones
del Estado, como es el caso del alcalde de Barrancabermeja que fue
puesto por los paramilitares. De este modo, denuncian que no hay un
proceso de desmovilización sino de legalización de los paramilitares.
Existen casos de denuncias de crímenes cuya fotocopia es mostrada por
los paramilitares a los familiares, con el fin de que conozcan el
alcance de su poder. Mientras, los paramilitares hacen campaña para la
reelección de Uribe.

11 millones de hambrientos

Es necesario destacar que las denuncias se repiten tanto en las
distintas zonas del país visitadas como por las organizaciones
sociales con las que nos entrevistamos, que abarcan diversos ámbitos
de actuación: campesinos, sindicatos, derechos de la mujer, docentes,
abogados, obispos... En Colombia, 11 millones de personas padecen
hambre severa, el 21% de la población vive con un dólar diario. El
hambre y desigualdad social en Colombia no es ninguna novedad, pero sí
que hemos de mencionar que, en un lugar tan desequilibrado
socialmente, el actual gobierno y siguiendo las directrices de EU ha
optado por la privatización de los servicios básicos como la sanidad
(están cerrando hospitales), educación, luz, agua.

El 0,4% de la población es el dueño del 64% de las mejores tierras del
país. Los campesinos poseen el 24%. A ello hemos de sumar el problema
del tipo de cultivos (obligan a cultivar palma aceitera en algunas
zonas, cuando este cultivo inutiliza las tierras) y las fumigaciones
de cultivos de uso ilícito, como un caso en el que los cultivos
ilícitos ocupaban ocho mil hectáreas y fueron fumigadas un millón,
aunque parezca increíble. Ello acarrea más desempleo y hambre. Las
organizaciones sociales reivindican que el presupuesto deje de ser
para la guerra y sea para la justicia social.

Privatizaciones

El sindicato petrolífero USO, que cumple ya con 82 años de lucha en su
haber, nos cuenta su caso de huelga contra la privatización de
Ecopetrol, cuya duración fue de 37 días e implicó el despido de 253
trabajadores pendiente de sentencia. También nos manifiestan que Gas
Natural de España, allí llamada Gas Oriente, es una de las empresas
más agresivas con los trabajadores, pues ofrecen dádivas para que no
se afilien al sindicato.

Otra de las preocupaciones que se repite en las distintas entrevistas
es la proliferación de organizaciones sociales creadas por el aparato
del Estado que hablan su mismo lenguaje y lógicamente cuentan con el
apoyo del Gobierno, cuya política no cuestionan.

En definitiva, desde que Uribe se encuentra en el poder, el trabajo de
las organizaciones sociales y la vida de los colombianos disidentes o
víctimas de la violencia paramilitar es mucho más difícil y su trabajo
arriesgado, alejándose en la práctica de un soñado Estado de Derecho
en el que no se utilice la violencia de la guerrilla como excusa para
acabar con todo aquél que cuestione la política neoliberal del Presidente.

El Gobierno ha iniciado un proceso de desmovilización sin marco
jurídico alguno, en el que los autores de delitos de sangre,
narcotráfico, terrorismo, delitos de lesa humanidad, están quedando
impunes. Nunca ha habido investigación y no la habrá. La UE exigió un
marco legal que ahora mismo no existe, por lo que la desmovilización
es en la práctica un proceso de impunidad o premio a los miembros de
la Autodefensas Unidas de Colombia, que aparecen en la TV entregando
las armas pisoteando los derechos a la verdad, justicia y reparación.
Nadie sabe quién va a controlar a los desmovilizados, qué va a
ocurrir. Saben lo que ya está ocurriendo y todos alertan sobre su
ingreso en la fuerza pública.

Fuente: www.prensarural.org