A propósito de una nueva violación a los derechos humanos contra el pueblo Wayúu

"¿Por qué más bien no apoyar a las víctimas de la violencia paramilitar en vez de gastar recursos en un proceso de negociación cuestionable?"

Sigue la arremetida paramilitar contra el pueblo Wayúu de la Media y Alta Guajira, mientras el Gobierno Nacional busca financiación para su show de "desmovilizaciones".

Las comunidades del pueblo Wayúu de la Media y Alta Guajira que nos encontramos en resistencia civil, nos permitimos poner en conocimiento del país y de la comunidad internacional, los siguientes

Hechos

– 1. El 3 de febrero de 2005, siendo aproximadamente la 1:00 AM, en el sitio conocido como Santa Cruz, en la vía a La Majayura, en jurisdicción del municipio de Maicao (La Guajira), un grupo de hombres fuertemente armados miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), asesinaron a los jóvenes Wayúu José Eduardo Boscán Epinayú (20 años) y Manuel Salvador López Fernández (26 años), quienes se dedicaban al comercio informal de gasolina en pequeña escala.

– 2. Los cuerpos sin vida de estos jóvenes fueron encontrados en La Esperanza, cerca de la frontera con Venezuela, con distintivos de las AUC que hábilmente les fueron puestas por sus mismos asesinos para confundir sobre los agentes y móviles de ese doble crimen.

– 3. Un día antes, el 2 de febrero de 2005, en el casco urbano de Maicao (La Guajira), los paramilitares conocidos bajo los nombres de ’Zacarías’, ’Genito’ y ’Samir’, irrumpieron en la vivienda de Francia Boscán, miembro del pueblo Wayúu y madre de uno de los jóvenes asesinados, para proferirle amenazas de muerte a ella y a su familia.

Estos hechos de violencia paramilitar se suman a la casi interminable cadena de violación de derechos humanos que ha tenido que soportar el pueblo Wayúu de la Media y Alta Guajira, sin que el Gobierno Nacional haga absolutamente nada.

El asesinato de los jóvenes Wayúu José Eduardo Boscán Epinayú y Maunel Salvador López, así como la abierta amenaza proferida contra Francia Boscán y cuyos responsables, como se ha dicho, son grupos paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), presentan los siguientes

Antecedentes

– 1. Acudiendo al terror, los grupos paramilitares que operan en la Media y Alta Guajira, sistemáticamente se han venido apoderando del control y monopolio casi absolutos de todas las actividades económicas y comerciales más rentables de la región fronteriza, para supeditarlas y ponerlas en función de sus intereses políticos y militares.

– 2. Utilizando la violencia, los grupos paramilitares que se encuentran en la Media y Alta Guajira, se han hecho al control y dominio exclusivos de amplias zonas que revisten una importancia geoestratégica para realizar sus delitos y adelantar sus rentables negocios. Es así como en la práctica estos grupos paramilitares se han apropiado de puertos, cruce de caminos y vías fronterizas, que le han sido arrebatados a familias y comunidades del pueblo Wayúu sus históricos propietarios.

– 3. Los grupos paramilitares que cometieron estos crímenes se encuentran haciendo parte del proceso de negociación que el Gobierno Nacional está llevando a cabo en Santa Fe de Ralito (Córdoba), con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y están bajo las ordenes del alias ’Jorge Cuarenta’ o ’El Papa’.

En mérito de lo anteriormente expuesto, es claro que los asesinatos y amenazas que hoy se están denunciando, se fundamentan en los siguientes

Motivos

– 1. Los jóvenes asesinados, así como las personas que fueron amenazas, perseveraban e insistían, como una estrategia de resistencia, en continuar realizando el comercio informal y a pequeña escala de gasolina, por fuera de los controles y al margen del monopolio que sobre el comercio de la gasolina han montado los paramilitares.

– 2. Las familias Wayúu, a las cuales pertenecen los jóvenes asesinados, desde hace algún tiempo venían denunciando la estrategia económica paramilitar de monopolizar las actividades comerciales lícitas más rentables, con el propósito de generar recursos para continuar con su expansión y consolidación.

– 3. Familias y comunidades del pueblo Wayúu de la Media y Alta Guajira han venido denunciando a las empresas cuyos propietarios son los grupos paramilitares, sobre todo de aquellas relacionadas con el comercio transfronterizo de la gasolina proveniente de Venezuela. Estas denuncias fueron puestas en conocimiento del mismo Presidente de la República en su más reciente visita a La Guajira, pero al parecer ello fue contraproducente.

Presentadas los anteriores hechos y consideraciones, las comunidades del pueblo Wayúu de la Media y Alta Guajira que nos encontramos en resistencia civil hacemos las siguientes

Observaciones y llamamiento

– 1. A través de la violación de los derechos humanos del pueblo Wayúu, así como de otros pueblos que viven en La Guajira, los grupos paramilitares han acumulado enormes fortunas y se han enriquecido hasta proporciones incalculables. Ciertamente la violencia para estos grupos les ha generado una enorme rentabilidad ya que les permitió hacerse al control de los más estratégicos circuitos comerciales.

– 2. Las publicitadas "desmovilizaciones" de bandas paramilitares que hasta la fecha han venido ocurriendo en otros lugares del país, en modo alguno han significado el desmonte de estos grupos, como quiera que sus estructuras logísticas y financieras han quedado intactas. A ese respecto no sobra anotar que los paramilitares han entregado algunas armas pero no han devuelto ni las tierras, ni los bienes, ni los dineros provenientes de las actividades paramilitares.

– 3. Con tanto dinero que han acumulado los grupos paramilitares, nos parece harto absurdo que el Gobierno Nacional esté solicitando a la comunidad internacional, especialmente a la Unión Europea, fondos y recursos para apoyar el proceso de "desmovilización". Sobre el particular se nos suscitan algunos interrogantes: ¿Por qué el Gobierno Nacional en vez de pensar en reparar a las víctimas del paramilitarismo pretende recaudar fondos para apoyar a nuestros victimarios? ¿Por qué no financiar el proceso de "desmovilización" con los mismos recursos que los grupos paramilitares han conseguido a través de sus delitos?

– 4. Las "desmovilizaciones" de grupos paramilitares se están efectuando en total ausencia de un marco jurídico que brinde garantías para que haya verdad, justicia y reparación. Es claro que sin ese marco jurídico la negociación con los grupos paramilitares está institucionalizando la impunidad de las violaciones a los derechos humanos y de los crímenes de lesa humanidad que los paramilitares han cometido.

– 5. Los gobiernos del mundo realmente interesados en la paz de Colombia deberían pensar que en vez de entregar recursos al Gobierno Nacional para que continúe con su cuestionable y poco creíble proceso de negociación con los paramilitares, sería mucho más oportuno canalizar su ayuda financiera hacia las víctimas de la violación de los derechos humanos y hacia las organizaciones del pueblo Wayúu y otros pueblos.

– 6. En las actuales situaciones y dada la lógica con la que se está llevando a cabo el actual proceso de negociación entre el Gobierno Nacional y los grupos paramilitares, se puede decir que los que lo apoyan, ya sea técnica o financieramente, corren el riesgo de terminar haciéndole un flaco servicio a la paz, a la democracia y a los derechos humanos en Colombia. Es por ello que solicitamos a los gobiernos eventualmente interesados en brindar algún tipo de apoyo a este proceso, que tengan mucha cautela.

Dado en Woumain,
Resguardo de la Media y Alta Guajira (Colombia),
3 de febrero de 2005