La seguridad narco-democrática

por Carlos Vargas

Informa El Tiempo en su edición digital del sábado 12 de febrero, que los narcotraficantes del Valle y Antioquia ofrecen dar información contra las FARC-EP a cambio de beneficios. Esto no es ninguna novedad y no debe sorprender a los observadores avisados.

El narcotráfico, desde sus orígenes en Colombia, ha estado vinculado a la contrainsurgencia. Y el paramilitarismo, en su manifestación más actual, surge directamente de los ejércitos privados de la mafia, puestos a disposición de las políticas de seguridad dictadas desde el Pentágono.

El eje del acuerdo político que se cocina entre narcos y Gobierno está en el rechazo al pago de impuestos al grupo guerrillero, establecidos en la famosa Ley 002 de la insurgencia y que afecta por igual los intereses de la oligarquía, los imperialistas y la lumpenburguesía mafiosa, verdadero poder detrás del trono que hoy ocupa uno de sus hijos.

La oferta de los narcos le cae como anillo al dedo al gobierno de Uribe Vélez, pues abriría las puertas a la legalización de las fortunas de los mafiosos que aún no hacen parte de la mesa de negociación de las AUC en Santa Fe de Ralito, donde se encuentran, en calidad de "comandantes" de esta curiosa organización militar que vende franquicias al mejor postor, capos de la talla de Salvatore Mancuso, Víctor Mejía Múnera (uno de los ’Mellizos’) y Francisco Javier Zuluaga (alias ’Gordo Lindo’).

Llama la atención que entre los nuevos cooperantes de la "seguridad democrática" se encuentre el ex policía Wilber Varela, alias ’Jabón’, de quien se dice, estaba en Venezuela y proveyó inteligencia y recursos para el secuestro del ciudadano Rodrigo Granda, el ’Ricardo González’ de la Comisión Internacional de las FARC-EP.

La propuesta de los mafiosos está dirigida a buscar su impunidad en las cortes norteamericanas, pues son conscientes de que en Colombia nunca han sido ni serán realmente perseguidos por las autoridades. Y, como bien lo saben los narcos, sobre la flexibilidad de los Estados Unidos frente al narcoterrorismo existen serios antecedentes.

A pesar de la política expuesta reiteradamente por el Departamento de Estado norteamericano de no negociar con terroristas, funcionarios de la embajada de los EU se reunieron con representantes de las AUC en mayo del 2003, para discutir las acusaciones existentes contra Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. Stewart Tuttle, jefe de la división de Asuntos Políticos de la embajada gringa, y su asistente Alex Lee estuvieron en tales encuentros, y es claro que ninguno de ellos hubiera arriesgado su carrera reuniéndose con terroristas sin tener una autorización de sus superiores.

Un funcionario de la Embajada declaró que simplemente se trató de "reiterar el deseo" de que Mancuso y Castaño se entregaran a las autoridades norteamericanas. ¿Es decir que, si estuvieran en Afganistán o Pakistán, Tuttle y Lee se hubieran reunido con representantes de Al Qaeda para "reiterar su deseo" de que Osama bin Laden se entregara?

Dos años después, Tuttle ya no ve la necesidad de "reiterar el deseo" de los EU de poner a Mancuso tras las rejas. Y es difícil creer que el gobierno colombiano haya cancelado sus planes de extraditar a Mancuso sin consultar con la administración Bush. Falta saber quién y, sobre todo, a cambio de qué, dio luz verde desde la Casa Blanca para ese acuerdo.

Ni el gobierno gringo, ni mucho menos el colombiano, han estado interesados en acabar con el narcotráfico. La información que ofrecen hoy los narcotraficantes colombianos entrará sin duda a engrosar los procesos contra los líderes sociales, como la dirigente campesina araucana Luz Perly Córdoba, o insurgentes como ’Simón Trinidad’, acusados de "narcotráfico". Curiosa guerra contra las drogas ésta que se ensaña contra el campesinado cocalero de las regiones controladas por las FARC-EP, a la vez que reparte indulgencias a manos llenas para los verdaderos capos del narcotráfico, envueltos en banderas de paz y reconciliación entre los colombianos.

Fuente: Prensa Rural
12 de febrero de 2005