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No puede quedar así

Publie le Viernes 4 de marzo de 2005 par Open-Publishing

En un acto de saña que supera la ya inconcebible degradación del conflicto armado que padece el país, tres niños (uno de ellos de apenas 18 meses) y cinco adultos fueron asesinados a garrotazos y golpes de machete en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Sus cuerpos, mutilados, decapitados y, al parecer, torturados, quedaron abandonados como pasto de animales en medio de la selva o en fosas. Se trata de un crimen espeluznante contra una comunidad que ha pedido a gritos protección especial del Estado y ha puesto mucho sufrimiento y decenas de muertos en los últimos años.

Entre el 20 y el 21 de febrero fueron asesinados, en veredas de San José de Apartadó, el líder de la comunidad, Luis Eduardo Guerra; su mujer, Deyamira Aleiza, y su hijo Déiner, de 11 años; Alfonso Bolívar, su esposa, Sandra, y sus dos hijos, Natalia, de 4 años, y Santiago, de 18 meses, y Alejandro Pérez.

Este crimen clama por la más urgente intervención oficial, que debe descubrir a los responsables del mismo. Sobre todo cuando varios miembros de la comunidad, algunas ONG y el sacerdote Javier Giraldo han señalado públicamente a miembros de las brigadas XI y XVII como presuntos autores. El Ministro de Defensa ha rechazado enfáticamente estas versiones y sindica a su vez a las Farc.

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, situada en una zona donde confluyen guerrilla y autodefensas, hace años se declaró neutral frente a estos grupos y a las Fuerzas Armadas, para mantenerse al margen de la guerra. Ante su evidente riesgo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos demandó del gobierno colombiano medidas de protección. La Corte Constitucional también las pidió un año atrás. Pese a ello, más de 100 miembros de la comunidad han sido asesinados en los últimos ocho años.

Tan significativo como preocupante es que uno de los muertos en esta última matanza sea el líder histórico de esa región, Luis Eduardo Guerra, quien gozaba de amplio reconocimiento internacional y había representado a la comunidad en la interlocución con el gobierno colombiano y el cuerpo diplomático. Guerra tuvo que salir hace más de dos años de San José de Apartadó por amenazas y había regresado en el 2004.

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Pese a las reiteradas denuncias sobre complicidad entre miembros del Ejército y los paramilitares en esta zona, los hechos distan de estar claros y son objeto de investigación de una comisión oficial. Investigación que se complica considerablemente por el ataque a bala ayer contra los fiscales y los técnicos de dicha comisión y la patrulla de la policía que les daba protección, en el cual fue gravemente herido un uniformado. Por su parte, el Defensor del Pueblo conminó públicamente a los jefes paramilitares de Santa Fe de Ralito a que se pronuncien sobre los hechos, dado que en la zona operan frentes no desmovilizados de las Auc.

En todo caso, es indispensable salirles al paso a las acusaciones que se han formulado para esclarecer cuanto antes lo sucedido. Bien sea para despejar cualquier duda sobre la actuación de la fuerza pública, o para castigar ejemplarmente, si se llega a demostrar que algunos pudieran estar involucrados en un hecho tan horrendo.

En estos días, otros dos incidentes y un informe han involucrado presuntos abusos militares. Según denuncias de las comunidades, miembros del Ejército habrían tiroteado en Totoró (Cauca) un bus que transportaba niños, hecho en el que fue herido un muchacho de 14 años, y, en Tacueyó, un capitán del Ejército, después de un hostigamiento guerrillero cerca del pueblo, que dejó a dos de sus hombres heridos, habría disparado en la plaza llena de gente, gritando a los presentes "guerrilleros"; el incidente dejó tres heridos de diversa gravedad. Ambos casos están siendo investigados.

Por otra parte, el reciente informe de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, que resalta importantes avances en este campo el año pasado, habla de "reportes creíbles" de cooperación de miembros de las Fuerzas Armadas con los paramilitares, pese a las órdenes del Presidente y los altos mandos, y de que la impunidad, en esto, "sigue siendo un problema".

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Casos todos que deberían preocupar al Gobierno. Es comprensible que, en medio del conflicto armado, la confusión y los rumores interesados de las partes sean el pan de cada día. Y que acusaciones de violaciones de los derechos humanos puedan formar parte de la guerra de la información. Pero justo por ello hay que salirles al paso de manera efectiva y convincente. A veces (recordar Guaitarilla, Cajamarca, los sindicalistas de Arauca), la respuesta oficial deja un cierto sabor a rápido descarte de las imputaciones y poca habilidad para tender puentes con la población civil, cuya colaboración es vital. Sería aconsejable menos espíritu de cuerpo, en ocasiones a la defensiva, y más bien salir adelante asegurando transparencia y prontitud en la investigación y justo castigo si se comprueban excesos.

En particular en el caso de San José de Apartadó, la credibilidad de la seguridad democrática enfrenta el reto de esclarecer lo sucedido para neutralizar las acusaciones contra las Fuerzas Armadas, despejar las preocupaciones expresadas por la comunidad internacional y garantizar que una comunidad en semejante riesgo no siga siendo asesinada.