Antecedentes de la pasividad de los tribunales españoles ante los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista durante la guerra y la postguerra

El Tribunal Constitucional afirmó el 5 de octubre de 2005, en un fallo histórico, que desde la Audiencia Nacional se podían juzgar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad ocurridos más allá de nuestras fronteras, incluso sin existir víctimas españolas, al entender que “el principio de jurisdicción universal prima sobre la existencia o no de intereses nacionales”.

Esta cualidad de la justicia española, admirada por organizaciones y personas dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos en todo el mundo, se vio truncada el día 19 de Mayo de 2009 por una enmienda pactada por los dos partidos mayoritarios de la cámara, PP y PSOE, de manera que la justicia universal sólo se aplicaría en los casos en los que se acreditase que los presuntos responsables del delito se encuentran en España o que existen víctimas españolas o vínculos relevantes con nuestro país. El texto de la enmienda modificó “con urgencia” los apartados 4 y 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula las competencias de la jurisdicción española en delitos de genocidio, lesa humanidad o terrorismo.

La resolución del Congreso, aprobada por 339 votos a favor y sólo 8 en contra, respondía al compromiso que Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores acordó con Tzipi Livni de frenar la demanda en la Audiencia Nacional contra siete responsables israelíes por la masacre de Al Daraj en 2002. Cuatro de los jueces de la Audiencia Nacional -Baltasar Garzón, Fernando Andreu, Santiago Pedraz y Eloy Velasco-, se manifestaron públicamente contra el acuerdo de PP y PSOE.

La modificación de las competencias de la Audiencia Nacional no afecta -sin embargo- a países donde ciudadanos españoles hayan sido víctimas de crímenes de lesa humanidad. Por ello, a principios de diciembre de 2011, la Audiencia Nacional ordenaba a la Embajada y a autoridades consulares españolas en Argentina, liberar más de 758 expedientes de desaparecidos españoles y descendientes de españoles durante la última dictadura miliar argentina. Ocurría gracias a las facilidades que la justicia argentina ha puesto en todo lo referido a la persecución de los crímenes de lesa humanidad en su país.

No es el caso de los tribunales del Estado español. Desde Abril de 2010, la justicia argentina denuncia el genocidio cometido en España entre 1936 y 1977 y hasta las primeras elecciones democráticas, enviando cartas a la justicia española. En Julio de 2011 respondía la Fiscalía General de Estado argumentando contra las evidencias que "no consta" ninguna denuncia en España sobre la “existencia de un plan sistemático, generalizado y deliberado para la eliminación física de los ciudadanos españoles partidarios de la forma representativa de Gobierno”.

A finales de diciembre de 2011, la justicia argentina volvía a solicitar información al Estado Español sobre dicho genocidio cometido durante la guerra y la postguerra, y a raiz de numerosas demandas encabezadas por viudas, sobrinos e hijos de fusilados, ante los tribunales de Buenos Aires. La juez federal María Servini de Cubría pedía de nuevo nombres y domicilios de ministros y responsables de las fuerzas de seguridad de la dictadura franquista comprendidos en ese período que incluían mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores de Seguridad y dirigentes de la Falange Española, solicitando, en su caso, el certificado correspondiente en caso de fallecimiento. La jueza también solicitó información sobre otros datos como las fosas comunes, niños robados, trabajo esclavo, etc.

Tras solicitar igualmente datos personales de testigos del genocidio, a fin de localizarlos, la magistrada viajó el 15 de marzo a Madrid para realizar los interrogatorios pertinentes y continuar así su investigación que figura en el expediente "N.N. s/genocidio...". La ARMH le preparó el listado de personas que podrían dar testimonio.

"Tras 40 años de dictadura y 35 de democracia, en España no sólo no existe una Comisión de la Verdad, (...) no hay un sólo niño a quien se le haya restituido su identidad; un sólo victimario que haya sido identificado; un solo siquiera a la que un juzgado le haya tomado declaración; un sólo imputado por la comisión de alguno al menos de los múltiples, masivos, generalizados crímenes cometidos" afirmaban los abogados en su denuncia de los hechos ante la magistrada argentina.

Mientras los tribunales españoles se han negado por sistema a investigar y enjuiciar los crímenes de la dictadura, Argentina, que ha cumplido con las exigencias mínimas de Verdad, Justicia y Reparación con sus ciudadanos, es el primer país latinoamericano en asumir su principio de derecho universal y perseguir crímenes contra la humanidad fuera de sus fronteras.

Tras cerrar el Tribunal Supremo la vía a la investigación penal de los crímenes del franquismo y suprimir el Gobierno la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, la jueza argentina María Servini de Cubría viajará otra vez a España en los próximos meses de Junio y Julio, para tomar declaración a familiares de asesinados y desaparecidos bajo la dictadura de Francisco Franco.

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