Sobre llovido, mojado. Al veloz golpe en Paraguay pareció sumarse un movimiento similar contra Evo Morales en Bolivia. En su forma fue parecido a la intentona en Ecuador, en 2010. Por ahora, se desactivó.
EMILIO MARIN
Evo Morales, el presidente boliviano, es un experto político en sortear maniobras golpistas de la derecha política y empresarial de su país. La mayoría de los medios de comunicación fue instrumento para diversas campañas con un lenguaje discriminatorio contra el primer presidente indígena.
No sólo fueron insultos y oposición política a que el proceso boliviano pudiera cambiar la constitución a favor de otra moderna y favorable a una Bolivia pluricultural y pluriétnica. También hubo movimientos violentos de separatismo de los estados de la "Medialuna", especialmente Santa Cruz de la Sierra. Sus poderosos propietarios, sojeros y exportadores imitaron las maniobras destituyentes de sus colegas de la Mesa de Enlace en contra de Cristina Fernández de Kirchner.
Además hubo matanzas de decenas de seguidores de Morales en el Departamento de Pando, promediando 2008. El golpismo llegaba a su punto de máxima ebullición.
Y como no hay mal que por bien no venga, esa masacre movilizó a la población boliviana en apoyo a la democracia, y a los presidentes de la región, que le dieron forma a la Unasur y respaldaron a Evo.

Escalada.
Con esos antecedentes a cuestas, era lógico que el mandatario del Palacio Quemado de la Paz estuviera atento a los movimientos sediciosos, luego que en Paraguay fuera depuesto en tiempo récord su colega Fernando Lugo.
Ese golpe "institucional" sorprendió a Evo en la "Cumbre Río más 20" que se celebraba en Río de Janeiro. Y desde el primer momento, como la totalidad de los presidentes latinoamericanos y caribeños, aquél condenó a los ejecutores de ese putsch y denunció sus objetivos antipopulares.
"Lugo estaba acabando con las logias, con los terratenientes y grupos de poder y eso siempre tiene un costo", declaró el boliviano desde Río, el 22 de junio. Ante Prensa Latina (22 de junio) precisó que "detrás de tal acción política se mueve la mano de los neoliberales internos y externos".
De inmediato emprendió el regreso a Bolivia, donde un día antes había comenzado una escalada de acciones con olor a golpe. Un grupo de treinta policías con sus rostros encapuchados y parte de sus mujeres tomaron por asalto la Unidad Táctica de Operaciones Policiales. Formalmente reclamaban nivelar su salario con el de los militares y derogar la Ley 101 de Régimen Disciplinario, a su juicio demasiado severo aunque sabían que una institución policial no puede ser tan laxa como un club de barrio.
Varios ministros alertaron con que se estaba frente a una maniobra con connotaciones golpistas, caso de la ministra de Comunicaciones, Amanda Dávila. Morales, desde la localidad de Corocoro, al sur del departamento de La Paz, puntualizó que había en marcha un golpe de Estado. El plan tomaría de excusa el motín policial para enfrentar a esos efectivos con los militares, atacar el Palacio de Gobierno y asesinar el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Lo peor se une contra Evo.
El gobierno boliviano concedió algunas reivindicaciones de los amotinados, aumentó sus haberes y se plasmó tal acuerdo en un acta de 8 puntos, firmadas por las partes en la madrugada del domingo 24.
Sin embargo algunos de los firmantes, sobre todo por Guadalupe Cárdenas, de la Federación Nacional de Esposas de Policías, salieron a denunciar que había sido presionada por la delegación gubernamental y amenazada para que suscribiera el compromiso. Pareció una puesta en escena para justificar la continuidad de la toma policial, que se extendió a unidades policiales de Cochabamba, en el centro, y en Santa Cruz de la Sierra, el este.
En rigor aquel compromiso había sido firmado y presentado ante la prensa boliviana, con bombos y platillos. Nadie parecía haber sido extorsionado para firmar y en todo caso no lo denunció allí, que era el momento clave. Como luce en tantos negocios y bancos, un cartelito reza: "al retirarse de mostrador no se aceptarán reclamos".
En materia salarial, el presidente aymara puntualizó ante la agencia ABI que vino aumentando los ingresos de los policías por sobre la inflación. "Nosotros en el 2006 dimos un incremento de 3%, después que nacionalizamos los hidrocarburos mejoró la económica nacional y el 2007 era 4%; el 2008 era del 7%; el 2009 era de 12%; y en 2010 del 9% de incremento salarial", detalló.
En 2011 volvió a subir el 9 por ciento y con los aumentos otorgados para 2012, y ampliados tras el motín, la mejora sería apreciable.

Encapuchados.
Pretextando que esos retoques son poca cosa, los encapuchados de la policía tomaron nuevas unidades policiales en La Paz, como el Tribunal Disciplinario y de Inteligencia. Luego marcharon cerca del Palacio de Gobierno disparando al aire y con explosivos dinamiteros, insultando a mujeres que defendían a Evo en Plaza Murillo.
Tanto el ministro de Gobierno, Romero, como el vicepresidente Alvaro García Linera, denunciaron que políticos de la oposición conservadora, del Movimiento Sin Miedo y de Unidad Nacional (del ex candidato presidencial, el empresario cementero Samuel Doria Molina) habían sido vistos en las reuniones de los policías amotinados. También dijeron que allí se habían movido armas para esos efectivos.
Esos señalamientos pueden o no haber sido magnificados por el oficialista MAS, Movimiento al Socialismo. Lo cierto es que las agrupaciones opositoras, el MSM, UN, etc., no hicieron la menor crítica al putsch policial pese a que duró desde el 21 de junio hasta la madrugada del 27, cuando se firmó otra acta de 10 puntos, que ojalá sea la definitiva.

Movimiento de pinzas.
Mientras el presidente debía enfrentar a esa fuerte pinza policíaca, con amotinados armados, avanzaba hacia La Paz otra marcha de indígenas que vienen desde Beni y Pando para impedir que se realice una consulta popular sobre la llamada carretera de Tipnis (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure). Hace tiempo hubo graves incidentes porque fuerzas policiales reprimieron una marcha que, con apoyo de ONG ambientalistas -algunas ligadas a la agencia norteamericana Usaid- y partidos de la oposición, caminaba hacia la capital con una cerrada negativa a abrir esa carretera licitada por el gobierno a una empresa brasileña.
En ese momento Morales suspendió la obra y anunció una ley para una votación democrática: la mayoría popular debía expedirse sobre la conveniencia o no de hacer ese camino. Muchas organizaciones indígenas la cuestionan pero tantas más, que viven en varios departamentos, consideran que esa vía es imprescindible para mejorar su vida, comercio y comunicación.
Esta nueva edición de la novena marcha indígena originaria organizada por la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano, se produce en un clima enrarecido con aires golpistas. Podría servir para que la figura presidencial sufra otra andanada de críticas.
Sin embargo, el motín policial y el arribo de la marcha mencionada también sirvieron objetivamente para elevar la vigilancia de las diversas organizaciones que defienden al presidente.

Defensores del proceso.
Uno de esos puntales es la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia, cuyo titular Roberto Coraite manifestó que sus afiliados impedirán cualquier intento de golpe de Estado. "Defenderemos con la vida el proceso de cambio y el gobierno de Evo Morales", resaltó Coraite en un masivo acto realizado en La Paz el 26 de junio.
Julia Ramos, directiva de la Confederación de Mujeres Campesinas, informó que se creó un Estado Mayor entre varias agrupaciones sociales "para una mejor coordinación en defensa del proceso democrático".
Por su parte Pedro Calderón, jefe de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, llamó a los trabajadores del campo y la ciudad a la defensa del proceso de cambio.
Miguel Pérez, directivo sindical minero, repudió las maniobras golpistas y defendió a Morales. Su colega José Domingo Vásquez, de a Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia, ratificó que sus afiliados petroleros "están firmes y en emergencia nacional ante los atropellos a la democracia".
De ese profundo contenido democrático y antigolpista son los pronunciamientos de muchos otros gremios, de la Asamblea de Derechos Humanos de La Paz dirigida por Teresa Zubieta, del MAS y el PC boliviano, y de nuevos medios de comunicación surgidos en defensa de la institucionalidad.
Esta parece ser la principal diferencia con el caso de Paraguay: en Bolivia hay un gobierno y un presidente que no se quedaron a mitad de camino. Aún con errores, lucharon a brazo partido por nacionalizar los hidrocarburos y segmentos claves de la economía, dar tierras a los campesinos, redistribuir el ingreso y tomar medidas concretas a favor de la gente más humilde.
Los riesgos de golpe oligárquico -como se vio- también existen en La Paz, pero las posibilidades de resistirlo y vencerlo son bastante mayores que en Asunción.

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