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Comunicado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDH

Publie le Miércoles 1ro de junio de 2005 par Open-Publishing

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDH, indignado ante la insólita decisión del Presidente Enrique Bolaños Gayer, de decretar el “Estado de Emergencia Económica” mediante subterfugios legales, que pretenden suspender derechos y garantías de la población nicaragüense, expresa lo siguiente:

1.- Conforme los artículos 150 numeral 9 y 138 numeral 28 de nuestra Constitución Política, mientras la Asamblea Nacional no apruebe modifique o rechace el decreto, éste no tiene vigencia. Por lo cual, el Presidente debe abstenerse de adoptar decisiones amparado en el mismo.

2.- El viernes recién pasado, el Presidente publicó el decreto No. 33-2005 reformando el reglamento de la Ley de Industria Eléctrica y extralimitándose en sus funciones se atribuyó la facultad de autorizar los ajustes tarifarios de energía eléctrica, que no le está permitido por la Constitución y la Ley. Tanto esta reforma, como la suspensión de los derechos y garantías no resuelven la supuesta crisis económica que motiva dichas medidas.

3.- La actitud del presidente en contra del pueblo de Nicaragua, es fraudulenta, pues pretende concentrar poder absoluto al mandar a suspender los derechos constitucionales y a recurrir de exhibición personal y de amparo, contraviniendo resoluciones de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son de obligatorio cumplimiento para Nicaragua. Estos organismos en reiteradas ocasiones han mantenido la prohibición a los Estados de suspender los recursos de exhibición personal y de amparo aún en situaciones de conflictos armados.

4.- El eufemismo del presidente Bolaños pretende hacer creer a la población que la medida está referida a tres artículos constitucionales, cuando en realidad pretende suspender todos los derechos y garantías de hacer reclamos o protestas, dejando indefenso al pueblo de Nicaragua frente a cualquier abuso de poder.

5.- El CENIDH solicita a la Asamblea Nacional que rechace el Decreto de emergencia económica por considerarlo innecesario y desproporcionado a la realidad de Nicaragua y una clara violación a los derechos humanos.

6.- El CENIDH llama a la población nicaragüense a rebelarse mediante la desobediencia civil frente a la ingobernabilidad y las graves violaciones a sus derechos humanos cometidas por el Presidente Enrique Bolaños, quien no ha asumido su rol de Jefe de Estado y de gobierno y no ha dado respuestas a los principales problemas del país, dedicándose a favorecer sus intereses políticos y económicos.

Derecho que no defiende, es derecho que se pierde.

Managua, 31 de Mayo de 2005.-


AL PUEBLO DE NICARAGUA

La Coordinadora Civil como parte de la Sociedad Civil Nicaragüense rechaza el Decreto del Estado de Emergencia Económica emitido por el Gobierno de Nicaragua, porque constituye una violación a los derechos humanos y una posición de fuerza ante el Poder Legislativo y los otros poderes del Estado, que al igual que el Ejecutivo han estado midiendo fuerzas sin importarles los efectos negativos en la escasa gobernabilidad democrática y en el constante deterioro de las condiciones de vida de la población.

El decreto de Estado de Emergencia suspende derechos y garantías políticas esenciales, niega principios inalienables como la libertad de expresión, el derecho de exhibición personal, el derecho a la protesta y el derecho al amparo. La suspensión de estos derechos y garantías deja en indefensión a los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses, genera inestabilidad económica, política y social y convierte el actual sistema político en una abierta dictadura, sin ropajes democráticos de ninguna índole.

POR TANTO MANIFESTAMOS:

Que la intención real del Presidente es escalar el conflicto con los otros poderes del Estado y paralizar las protestas ciudadanas contra decisiones abiertamente anti-populares tomadas en defensa de UNION FENOSA, del capital de mayor poder económico en Nicaragua y del poder de los organismos financieros internacionales.
Que el incremento de la tarifa de energía eléctrica hasta en un 11.83% da cabida a mayores incrementos futuros, golpeando cada vez más la economía de las familias más empobrecidas quienes tendrán que pagar el incremento en el costo de la vida generado por este incremento en el servicio de energía eléctrica, además de los mismos incrementos en el precio de este servicio.

La respuesta a la crisis energética debe de pasar por atender las innumerables propuestas surgidas del seno de la sociedad civil tales como, la revisión de los contratos firmados tanto con las empresas procesadoras de combustible, como con UNION FENOSA y las empresas generadoras y transmisoras, sus márgenes de ganancia, el control sobre la falta de inversiones en el sistema para evitar fugas técnicas, sobre la ineficiencia administrativa y sobre diversos cobros que contravienen la ley. El problema no se va a resolver con decretos que limitan la participación y la generación de respuestas.

POR TANTO, REINVINDICAMOS Y PROPONEMOS:

EL DERECHO DE LA CIUDADANIA A PROTESTAR Y MOVILIZARSE EN DEFENSA DE SUS INTERESES Y EN CONTRA DE LAS MEDIDAS QUE VIOLENTAN SUS DERECHOS HUMANOS.

Llamamos a la población a que se pronuncie y movilice en demanda de la restitución y defensa de sus derechos humanos y a los poderes del Estado les exigimos que asuman con responsabilidad la solución de los problemas del país alejados de sus posiciones de fuerza. Esta es una oportunidad más para desarrollar un proceso permanente de diálogo con participación de sociedad civil.