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HONDURAS : el gobierno de Maduro revive doctrina de seguridad nacional

Publie le Viernes 22 de julio de 2005 par Open-Publishing

Denuncia/ Organizaciones

El gobierno de Maduro revive doctrina de seguridad nacional

En un "terrorismo de Estado" trata de vincular dirigentes populares con Cuba y Venezuela y las FARC, sostienen

TEGUCIGALPA. El gobierno del presidente Ricardo Maduro implanta de nuevo la doctrina de seguridad nacional que incluye penetración e infiltración de organizaciones sociales, vigilancia física, vigilancia electrónica de dirigentes populares, allanamientos ilegales de sedes, robo de bases de información y otros actos, denunciaron ayer dirigentes populares.

La denuncia fue formulada por la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH), Bertha Oliva; el presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH), Juan Barahona Mejía; la representante del Centro de Prevención contra la Tortura, Alba Mejía; y la diputada de Unificación Democrática, Doris Gutiérrez.

Un comunicado oficial de COFADEH establece que esta doctrina de seguridad nacional también busca supuestas vinculaciones de las organizaciones populares con el tráfico de armas para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), vinculación política y logística a gobiernos de Cuba y Venezuela, así como detenciones ilegales y asesinatos políticos y "en una suma, terrorismo de Estado".

Como ejemplo pone el allanamiento ilegal contra la residencia de la profesora Elsa Marina González, ex esposa del dirigente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH), Sergio Rivera. También menciona que hubo difusión en el 2002 y 2003 de una lista de nombres de dirigentes sociales que investiga el Ministerio de Seguridad por supuestas vinculaciones con las FARC y con el gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez.

Establecen que entre los nombres que figuraban en esa lista que llegó a manos del comisionado de Derechos Humanos, Ramón Custodio López, está Carlos H. Reyes y Juan Barahona. El informe destaca que en mayo del 2002, el agente Walter Jairo Zúniga, por instrucciones del jefe de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), Napoleón Nazar Herrera, entrevistó a Juan Barahona en un intento por relacionarlo con enemistades personales para justificar su desaparición y muerte.

Manifiesta que este agente apareció asesinado en julio del 2002 dos meses después de haberse negado a participar en el plan de Nazar Herrera en contra de dirigentes sociales. El boletín señala que en septiembre de 2003, los hijos de Bertha Oliva fueron objeto de amenazas a muerte y ella fue perseguida por individuos que se conducían en carros con placas falsas y vidrios polarizados. Detalla que el 10 del presente mes fue allanada la sede de la organización internacional Vía Campesina, localizada en la colonia Alameda de Tegucigalpa, por hombres encapuchados que se robaron tres discos duros de computadoras, el módem para conexión a internet y un VHS.

"El 14 de julio a las 4:00 de la tarde fue rota a patadas por hombres desconocidos la puerta de la casa del dirigente campesino Daniel Yánez en El Progreso, Yoro", agregó. Recalca que el 15 del presente mes fue allanada la residencia de Juan Barahona Mejía, ubicada en la colonia Cerro Grande, donde los agentes destruyeron el techo, enseres domésticos y mobiliario en busca de armas.

El COFADEH solicitó al comisionado de Derechos Humanos, Ramón Custodio López, una investigación que incluya la suspensión previa del director de la DGIC, Nazar Herrera, y del ministro de Seguridad, Oscar Alvarez, por su implicación indiscutible en los hechos reseñados.

"A la cooperación internacional solicitamos mayor prudencia al respaldar a un gobierno violador de los derechos humanos que carga como un expediente mortal un promedio mensual de 40 personas asesinadas con impunidad, y que persigue a la oposición social y política con las mismas técnicas de la doctrina de seguridad nacional ejecutada por Gustavo Alvarez entre 1980 y 1984", señaló.

"Pedimos a nuestros vecinos incluidos el cardenal Oscar Andrés Rodríguez y el nuevo obispo auxiliar, monseñor Juan José Pineda, que mantengamos los ojos bien abiertos porque quizás estemos incluidos dentro de las nuevas víctimas", añade el COFADEH.

AGENTES

* Los agentes que allanaron la residencia del dirigente popular Juan Barahona Mejía destruyeron el techo, enseres domésticos y provocaron pánico a los menores de edad que en la casa se encontraban.

* La Fiscalía de Derechos Humanos, a cargo de Aída Romero, realizó una inspección en la residencia en el marco de las investigaciones que llevan a cabo en el caso.

de "ElTiempo"