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Tratado Constitucional Europeo, por Bellaciao

Publie le Viernes 27 de mayo de 2005 par Open-Publishing

"Apuesto no al referéndum del 29 de mayo"

Por la redacción del colectivo Bellaciao

Para nosotros que luchamos - con una parte importante del mundo político, sindical y asociativo - para que el pueblo europeo rechaza este Tratado Constitucional, una Constitución europea tiene el deber de definir el marco democrático del funcionamiento de las instituciones de la Unión. Debe ser el punto de llegada de un proceso preposicional que, sobre este terreno, se desarrolla de la periferia asta el centro, del pueblo a sus representantes elegidos.

Se aprobaba a nuestros adversarios, dominados por el gran capital financiero y por su doctrina neoliberal, intentan "hormigónar" los anteriores Tratados europeos en un único texto que los contenga todos y que requiere la unanimidad de los 25 Estados miembros para enmendarla y pasaría a ser pues, si se aprobaba, la camisa de fuerza de todos los futuros Gobiernos europeos, que sean de derecha o de "izquierda". Estos últimos, en efecto, no podrán que aplicar lo que es, más bien que un constitución, un proyecto detallado de política económica, social, energética, medioambiental y militar que reduce todo - incluido el humano - a una mercancía, poniendo a los trabajadores contra los trabajadores, un pueblo contra el otro.

El derecho a la libertad individual no tiene sentido si no es acompañado del derecho a la comida, a un alojamiento, a la salud, en el trabajo, a la educación. La forma material y social de la sociedad no debe ser el producto de la libertad del capital financiero de invertir dondequiera y de todos modos.

No es mas posible diferir una nueva manera de concebir la relación entre el crecimiento económico y la conservación del medio ambiente. La política de los transportes, la política agrícola, la política energética deben someterse a este imperativo si queremos evitar, a medio plazo, una catástrofe ecológica a las proporciones incalculables.

El problema del desempleo que vio su explosión después del Tratado de Maastricht - al mismo tiempo que nos prometía el "pleno empleo" - y que supera en adelante los 20 millones así como el problema de los emigrantes - privados de todos los derechos a parte el a hacerse tratar como modernos esclavos - y que son hoy más de 15 millones, deben ser al centro de un nuevo proyecto para Europa.

La coordinación de las políticas comunes de las que habla el Tratado de Amsterdam debe significar aumento y no reducción de las jubilaciones, mejora y no agravación del servicio sanitario, aumento y no disminución de las garantías para los parados, reducción y no aumento del tiempo de trabajo, revalorización de los salarios. Estamos en favor del derecho al trabajo y para el derecho del trabajo y nosotros no satisfacemos con la libertad de buscar un trabajo (no obstante que allí tenga).

El empleo debe ser una variable independiente y ciertamente no dependiente de las grandes orientaciones de las políticas económicas, es decir de la competencia, y no está al hombre adaptarse a la economía pero a el economía de proporcionar los recursos indispensables para satisfacer las exigencias de la humanidad.

En cada país de la Unión, es necesario alinear los salarios y los derechos de los trabajadores sobre la situación más favorable - contrariamente a la práctica, opuesta, de nuestros adversarios - barriendo la carretera a toda tentativa de dumping social o fiscal.

El Banco Central Europeo - cuyo único objetivo en esta Constitución es el de la estabilidad de los precios - debe favorecer a las empresas de utilidad público y no obligarles a encontrar los medios necesarios para su funcionamiento en los mercados financieros. Debe apoyar una economía que aumenta y no que reduzca el empleo, estimular la inversión de la riqueza producida para cubrir prioritariamente las necesidades del mercado interno y desalentar la especulación.

Es absurdo que los servicios públicos producen beneficios privados: pueden y deben producir beneficios públicos, es decir de las ventajas para la colectividad más bien que para grupos más o menos consistentes de accionistas: el interés público pasa antes del el interés privado, siempre y en cualquier caso.

Esta constitución -que ni siquiera garantiza la laicidad de los Estados europeos, el derecho al aborto y a la contracepción o el principio que los conflictos internacionales no deben ni pueden ser solucionados por la guerra- reconoce el derecho al lock-out y, al mismo tiempo reconociendo la abolición de la pena de muerte, permite matar para efectuar una detención o reprimir una insurrección.

La guerra debe ser rechazada en todas sus alternativas. Para construir y consolidar la paz, es necesario proceder al contrario de lo que esta constitución desea: ver aumentar solo dos capítulos del gasto público, la seguridad y la defensa, es decir las armas.

Una política europea de desarrollo social y económico es incompatible con los intereses de los EE.UU., la potencia hegemónica del planeta. Europa debe salir de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y no debe ciertamente supeditar su política a los compromisos que impone esta alianza militar a los Gobiernos adherente, como esta Constitución lo prevé.

Los mil de colectivos para el NO a esta constitución deben transformarse de conciencia crítica de Francia y de Europa en el núcleo constitutivo de un otra constitución, reuniendo los elementos de la crítica en un proyecto político que da respiración a una alianza donde los objetivos deben ir, bien más allá del referéndum francés, hacia la construcción de una nueva izquierda europea a la altura del reto neoconservador y ultraliberal.

París, 25 de mayo de 2005

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