Paraguayos contra privatizaciones

Empresas públicas paraguayas corren en riesgo de que sean vendidas para la iniciativa privada. Ante esta posibilidad, apuntada por la media sanción por la Cámara de Senadores de la ley que libera las privatizaciones, las organizaciones sociales del país están organizando jornadas de protestas. Ahora el Poder Ejecutivo es quien decide lo que hacer con los entes públicos. Entre los primeros que serán privatizados se encuentran la Administración Nacional de Electricidad, la Industria Nacional del Cemento, Petróleos Paraguayos y la Compañía Paraguaya de Comunicaciones.

La Central Nacional de Trabajadores emitió un comunicado por el cual repudia la actitud de los senadores que apoyaron la derogación de la Ley 1.932, al tiempo de señalar que la decisión de otorgarle al Poder Ejecutivo la potestad de hacer las reformas constituye una vez más un atentado contra la Constitución Nacional.

El Frente en Defensa de los Bienes Públicos y el Patrimonio Nacional adelantó que preparará sus fuerzas y de ser necesario saldrá a las calles a detener el nuevo intento de privatización de los entes públicos. Los compromisos del gobierno paraguayo con el FMI, relativos a la desnacionalización de empresas como telecomunicaciones, cemento, agua, electricidad, ferrocarriles y puertos, permanecieron congelados más de ocho meses por la radicalización de las protestas populares.

Pero ahora con la luz verde dada por el Senado, el multisectorial Frente Nacional de Lucha por la Soberanía y la Vida (que agrupa a gremios obreros, estudiantiles, campesinos, de mujeres e indígenas) llamó a la unidad para retomar las acciones y evitar la privatización de los entes públicos.

La polémica Ley 1.615 (sobre las privatizaciones) salió a relucir durante la firma de un pacto "stand by" en 2003 con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Su antecesora, la Ley 1.932, motivó en 2002 una movilización popular que culminó con la muerte del campesino Calixto Cabral y una fuerte crisis en el gobierno de Luis González Macchi.