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Habla el abogado sobre el secuestro de Rodrigo Granda en Caracas:

Publie le Viernes 21 de enero de 2005 par Open-Publishing

Miguel González.
Foto: Dick Emanuelsson

“La dictadura fascista de Pinochet hizo exactamente lo mismo a sus opositores políticos”

 Este secuestro se constituye en un delito de lesa humanidad

 La política de seguridad democrática constituye una verdadera tragedia, no solamente para los colombianos, sino para el conjunto del continente, subraya el abogado.


Por Dick Emanuelsson


BOGOTA / 050112 / En una entrevista con el secretario general de la Comisión Colombiana de Juristas Demócratas, el doctor MIGUEL GONZÁLEZ, abogado y defensor de RODRIGO GRANDA, integrante de la Comisión Internacional de las FARC-EP que fue secuestrado en Caracas, Venezuela, el 13 de diciembre por un comando colombo-venezolano, el destacado jurista rechaza las declaraciones del gobierno de Álvaro Uribe Vélez de la legitimidad del secuestro y el posterior pago de recompensa. Considera, como una gran parte de los defensores de los derechos humanos en Colombia y Latinoamérica, que la modalidad de estimular el terrorismo y el crimen internacional en otros países constituyen una expansión de la guerra sucia de las fronteras.

En la entrevista, que fue realizada el 12 de enero en Bogota, el abogado relata que Granda le contó que fueron 16 hombres que estaban implicados en el secuestro en Caracas, varios de ellos eran colombianos que dirigían la operación.

* * *

El 13 de diciembre fue secuestrado en Caracas Rodrigo Granda, llamado el “canciller” de las FARC. Esta mañana (12 de enero, 2005) el gobierno de Álvaro Uribe admitió que pagó una recompensa al comando que secuestró Granda. Estamos con el doctor Miguel González, abogado que ha asumido el caso de Rodrigo Granda por petición de los familiares de Granda. ¿Podrías decirnos en que situación se encuentra hoy en día el caso? ¿Cuando pudiste hablar con tu cliente y qué te contó él?

 Muy buenas tardes a la vasta audiencia de Café Stereo y a Dick por la posibilidad que nos da de tener este contacto. Efectivamente como tú lo señalas, Rodrigo Granda Escobar fue secuestrado por un grupo de personas en Caracas y todo este proceso me parece que hoy en día viene aclarándose. Yo tuve ocasión de entrevistarme por primera vez con él, el día 16 de diciembre a las 8 de la mañana. A mi me contactaron unos familiares de Rodrigo Granda. Ellos ya tenían una mediana información de que había sucedido algo extraño, que él no se había reportado con las personas cercanas a él y que temían un poco por la vida de mi defendido. Después la familia recibe una llamada de él en donde ya los pone en antecedentes que había sido secuestrado en Venezuela, que fue trasladado de Caracas hacía Cúcuta y que los secuestradores finalmente lo entregaron a autoridades de policía en la frontera colombiana en Cúcuta, esos son los antecedentes. Yo tuve la oportunidad de hablar con él la primera vez de manera muy limitada, fueron 15 minutos, abordamos varios temas y dentro de ellos era necesario que él me firmara un poder ante la autoridad que en ese momento había abocado el conocimiento por una investigación penal aquí en Colombia.

¿Tuvieron tiempo para que él contara que había sucedido en Caracas y quienes fueron los autores de ese comando que lo secuestró?

 Si yo he tenido varías veces la oportunidad de reunirme con mi cliente que se encuentra preso actualmente en la cárcel de máxima seguridad de Combita, en un sitio especial que llama recesiones. Esto es un término eufemístico que las autoridades administrativas colombianas usan. Allí él esta en un espacio bastante reducido, él tiene una detención pudiéramos decirlo especial, porque él solamente tiene la posibilidad de un corto espacio en el día para salir de su celda. La celda es muy reducida, la zona de Combita es una zona muy fría. En la mañana solo tiene oportunidad de trotar y poder hacer algunas llamadas y tomar una hora de sol. Él esta totalmente confinado, no tiene contacto con otros presos de Combita donde entiendo hay aproximadamente más de 1 800 presos, repartidos en ocho pabellones. En el caso de Rodrigo, él esta en una celda especial y en un patio en donde hasta hace muy pocos días estaba solamente él y han llegado dos personas más. Pero él no tiene relación con ellos, porque ellos también están incomunicados en sus celdas.

Las autoridades venezolanas y el mismo ministro del interior y de justicia han pedido al gobierno de Álvaro Uribe de tener una audiencia por sus fiscales, para que ellos puedan entrevistarse con Rodrigo Granda justamente para averiguar quienes fueron los que lo detuvieron y secuestraron en Caracas. Porque el ministro de defensa colombiano, Jorge Alberto Uribe, dice que nunca van a decir cuanta recompensa pagaron por el secuestro y tampoco quienes fueron sus autores. ¿Qué dice Granda y como describe sus captores en Caracas?

 Rodrigo Granda se encontraba concediendo una entrevista para un periodista colombiano, Omar Rodríguez, que entiendo es corresponsal de Le Monde diplomatique. Ya llevaban avanzada la entrevista, Rodrigo tuvo que pararse varias veces de la mesa. Ellos estaban en una cafetería, ubicada en una parada de Bellas Artes del metro de Caracas. Él se para, se interrumpe la entrevista varias veces porque le entraban llamadas a su celular y en una de esas oportunidades irrumpen unos hombres a la cafetería, estaban fuertemente armados, eran aproximadamente las cuatro de la tarde del día 13 de diciembre, hora de Venezuela.

 Allí mi defendido es tumbado al suelo. Estas personas llegan en forma muy agresiva, todas estaban fuertemente armadas. Él dice que inicialmente eran cuatro personas las que lo abordaron y lo tumbaron al suelo. Le quitaron sus dos celulares, lo despojaron de todas sus pertenencias, de su identidad personal, de un dinero que portaba en su bolsillo e incluso un anillo de matrimonio fue hurtado por los secuestradores. Acto seguido lo introducen en un vehículo identificado con placas venezolanas y allí empieza todo este periplo.

 Atraviesan toda Venezuela, desde Caracas hasta Cúcuta. Él señala que más o menos entre 14 y 16 horas estuvo colocado en el baúl del vehículo. Ese vehículo lo cambiaron en un momento determinado, ya era de noche. Ellos salen de la carretera a un lugar escarpado, lo sacan del vehículo y lo trasladan a otro y finalmente el viene a darse cuenta que esta en Colombia, que esta en Cúcuta, cuando sus secuestradores lo habían entregado a las autoridades colombianas a autoridades de policía. Esto es básicamente el resumen de esos hechos tal y como mi cliente Rodrigo Granda me reseño todas estas circunstancias.

¿Ha hecho alguna descripción, de cuantos eran sus captores?

 Dice que pudo contar aproximadamente 16 personas que se movilizaban en cuatro vehículos, en todo el trayecto de las 16 horas. El dice que los primero cuatro que lo detuvieron eran hombres colombianos por su acento, y que lanzaron varios epítetos y hablaban acento paisa.

¿Las autoridades venezolanas te han solicitado algo, o has tenido algún tipo de contacto con ellos?

 No, hasta ahora no, y yo entiendo que existen convenios y acuerdos bilaterales de cooperación judicial entre Colombia y Venezuela y seguramente las autoridades venezolanas, las autoridades jurisdiccionales, los jueces y en este caso los fiscales venezolanos, irán a utilizar estos mecanismos y estos contactos de gobierno a gobierno para poder escuchar de primera mano la versión de Rodrigo Granda en relación con este tema.

Hoy día salió también el vicepresidente Francisco Santos, diciendo bienvenidos, todos los cazadores de recompensas del mundo, para que vengan a Colombia justamente para que hagan lo mismo que hizo este comando que secuestro a tu cliente. Como abogado, jurista defensor de los derechos humanos ¿que opinas sobre una declaración de tal naturaleza por un vicepresidente de un estado?

 Yo creo que la situación es en extremo complicada. El gobierno de Uribe Vélez y sobre todo su política de seguridad democrática, constituye una verdadera tragedia, no solamente para los colombianos, sino para el conjunto del continente. Esta política de seguridad democrática entraña de verdad unas prácticas y una redición de las prácticas del terrorismo de estado, tan características en regimenes reaccionarios en América Latina y se constituyen en un peligro para todos los gobiernos de la región.

 No solamente lo que tú dices en relación con al vicepresidente, que es una especie de bufón de todo este entramado, sino las propias declaraciones del presidente de la república que ha dicho que, como así, que los miembros de estos organismos terroristas abogan porque se les trate con base en el respecto y la vigencia de los derechos humanos, uno queda sorprendido.

 Los derechos humanos se dan a partir de los principios universales. Todos estos principios que son verdaderas conquistas de la humanidad entera, en la medida de que todos los seres humanos deben ser tratados con respeto y con apego a la dignidad humana. A mi cliente no solamente se le ha violado, su condición de ser humano, el trato que el merece como ciudadano colombiano y como un ciudadano que es, que en ese momento estaba inerme y que fue secuestrado.

 Este secuestro se constituye en un delito de lesa humanidad, agravado por el hecho de que los secuestradores llegaron fuertemente armados, agravado por el hecho de que mi cliente fue colocado en estado de indefensión, agravado por el hecho de la utilización de un vehículo. A él le esposaron, le amarraron las manos, le vendaron los ojos, es decir; frente a ese hecho se tipifican todas las conductas violatorias de los derechos humanos, contenidas en convenios y tratados internacionales vigentes en Colombia y que merced al artículo 93 de nuestra constitución hace parte del llamado Bloque de Constitucionalidad. Es decir, que hace parte de nuestra normatividad interna. Todos esos derechos se han violado y por lo tanto mi cliente, en derecho, en justicia, con base en esos convenios de derechos humanos y la propia legislación y la propia constitución política de Colombia de 1991, hoy debería estar gozando de su libertad, porque se desarrollo un delito y con base en este delito a esta persona se le entregó a autoridades colombianas y estas autoridades colombianas, hicieron efectivas en esas condiciones, previó a un delito, hicieron efectiva una orden de captura que habían librado meses antes contra él.

Qué consecuencia podría tener este secuestro, estimulado a través la recompensa por el estado colombiano, para América Latina como continente?

 Este hecho guarda mucha similitud con toda esa política, por ejemplo que se desarrolló durante la dictadura de Augusto Pinochet. Es la reedición del Plan Condor, efectivamente la dictadura fascista de Pinochet hizo exactamente lo mismo a sus opositores políticos. Los persiguió en terceros países, los desapareció y violó todos los derechos humanos esenciales y fundamentales de esas personas. Treinta años después la justicia de ese país reclama y ha iniciado juiciosamente un proceso contra un dictador para que precisamente responda penalmente por sus delitos. Yo creo que en Colombia, va a suceder la misma circunstancia. Seamos optimistas que no van a pasar más de treinta años, para que los responsables de este execrable crimen respondan por el delito que han cometido.

¿Como es la situación jurídica de tu cliente, cuales son los puntos que la fiscalía ha formulado contra Rodrigo Granda? Se habla de que él no solamente puede ser acusado de rebelión, sino también de enriquecimiento ilícito, es decir por narcotráfico que es la formula uribista para extraditar de la misma manera como fue extraditado el 31 de diciembre a EEUU Simón Trinidad, acusado de haber exportado cinco (¡sic!) kilos de cocaína, ¿Podría tener la misma suerte tu cliente?

 En la realidad procesal de mi defendido existen formalmente dos procesos. Estoy hablándole hoy en Colombia contra él un proceso por rebelión. La rebelión esta tipificada en nuestro código penal como un delito político. Sin embargo la figura de delito político es compleja. Con toda esta política de seguridad democrática ha sido relevada a un segundo plano. Es decir; no se reivindica la condición, por decirlo de alguna manera de “delincuente político”, de una persona que se ha levantado en armas contra un estado, agravada en este caso porque la fiscalía señala que mi defendido es un dirigente de las FARC. Él niega esta connotación. Él dice que es una persona que hace muchos años esta vinculada a esa organización insurgente, pero que él no tiene realmente mando, que no tiene dirección y que no hace parte de estructuras directivas de esa organización.

 Hay un segundo proceso por esa misma unidad especializada que no conozco en profundidad, porque mi cliente no ha sido llamado a rendir indagatoria. En el primer proceso, que le comentaba, él ha rendido indagatoria y ese proceso esta ya para iniciar la etapa de prueba. Estoy esperando que la fiscalía se pronuncie con respecto a las pruebas que yo he presentado para yo poder interponer los recursos legales. Pero tengo muchos temores.

 Entiendo que en el caso del señor Palmera, el otro insurgente de las FARC, es un poco aberrante la situación. Pero él enfrentó en ese año que estuvo detenido en Colombia, antes de ser extraditado, 91 procesos que habría en su contra. Él tenia solo dos abogados. ¡Cómo sería esta circunstancia de tener que abocar la existencia de 91 procesos contra una persona, llamada pues de esa manera por todos los casos que habría contra él!

 En el caso de mi cliente efectivamente se ha especulado mucho y esa especulación ha sido de parte también de autoridades colombianas al más alto nivel. Entonces a mi cliente se le han violado todos los derechos esenciales, pero también un principio fundamental en nuestra constitución que es la presunción de buena fe, que señala que una persona es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. ¿Cómo se desvirtúa esa premisa? Cuando se es llamado a juicio y se le derrota en ese juicio y sobre ella pesa una sanción de carácter penal es decir, una pena.

 No existe una pena en Colombia contra mi defendido por narcotráfico. Sin embargo, hasta el propio fiscal general de la nación tilda a mi defendido de narcotraficante, cosa que no es así. En tanto que esta violando la presunción de inocencia. Hasta que no se demuestre lo contrario en un proceso en Colombia mi cliente es inocente de todos los cargos que se le están imputando. Yo quisiera de una u otra manera aclarar que el señor Rodrigo Granda jamás a negado su condición de rebelde. Él siempre ha señalado que él es una persona que hace parte y que es miembro de una organización insurgente colombiana.

¿Cuál es la perspectiva para tu cliente, donde podría terminar este caso?

 Excúseme que yo sea un poco franco. Yo tengo serías dudas en relación con que en el contexto político que vive Colombia y a partir de la actitud que han asumido todas las autoridades e incluso, si en Colombia realmente se pudiera decir que existe un estado social y democrático de derecho, en teoría lo existe, la constitución del 91 lo promulgó, seriamente hoy esta cuestionado el tema de la independencia de los procederos judiciales y particularmente hablo yo de los operadores oficiales de la fiscalía general de la nación. Sobre estas personas hay una presión grandísima que limita seriamente su independencia.

 Yo creo que hoy en las condiciones de Colombia, en el marco del conflicto social, armado, interno que vive nuestra patria, con el desarrollo de la política de seguridad nacional, con el desarrollo de todas estas políticas de seguridad democrática, la propia concesión, los propios cimientos del estado social y democrático de derecho, están seriamente limitados y seriamente lesionados. Yo creo que en esas condiciones, la connotación que ha tenido el secuestro, la detención de mi cliente, la forma como abocan las autoridades este proceso, creo que hablar de un juicio justo en Colombia en esas condiciones es muy difícil.

 De todos modos es mi obligación como profesional del derecho, defensor de los derechos humanos, como un abogado litigante que de una u otra manera, ve con preocupación los problemas que vive la patria, es mi obligación defender con toda dignidad al señor Rodrigo Granda Escobar, mi cliente y ese es mi compromiso. Yo no solamente tengo la relación contra actual-laboral con las personas que me contrataron, su familia, sino que también es mi compromiso ético con mi país y los sectores democráticos, con los sectores avanzados de la sociedad colombiana de los cuales yo haga parte.

El 31 de diciembre, un día con tantas noticias en Colombia, salieron varios comunicados por parte de la presidencia y del ministerio de interior y de justicia de que iban a estimular aún más las recompensas, por orden incluso del presidente Uribe. Hablaron de que había en total de 27 000 insurgentes que se habían desmovilizados o habían sido abatidos durante el 2004, que me imagino que es todo el movimiento insurgente en Colombia. También informaron de que hay 3,5 millones de informantes, de la red de información de las fuerzas militares y del gobierno de Uribe. En toda esta situación de mucha tensión en la sociedad colombiana, ¿como es de trabajar como abogado por los derechos humanos, que defienden muchos de los miles de colombianos que han sido detenidos en las redadas masivas hechas por las fuerzas militares de este país?

 Tú lo señalas muy bien; es un reto muy grande, hay serias limitaciones al ejercicio de la profesión de abogado de manera independiente y de manera comprometida con la defensa y promoción de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Aquí han sido victimas de la persecución y estigmatización también abogados prestigiosos, abogados defensores de los derechos humanos, en esas condiciones. Desde luego hay serias limitaciones para el ejercicio de la profesión de abogado.

 Es desde ese punto de vista un reto. Pero como tú mismo lo adviertes se manipulan las cifras, aquí hay un drama terrible con tres millones de desplazados. Las cárceles se están llenando de personas detenidas a partir del fenómeno de las detenciones masivas. Se le viola a la gente sus derechos esenciales y fundamentales de tener un acceso pronto a la justicia. La gente en general son personas humildes, desplazados, desempleados. Yo creo que una concesión y un ejercicio democrático es una obligación con todas estas personas que sufren, el desempleo, que sufren la miseria; la profesión de abogado ofrece esas posibilidades poder ayudarlas y poder mitigar en algo ese sufrimiento, ayudar en algo a las personas que más lo necesitan.

La entrevista también se la puede escuchar en:
http://ajpl.nu