Cháves y Uribe frente a frente

Adital - La noticia del secuestro en Caracas, Capital de Venezuela, de un dirigente de la guerrilla colombiana, ha sido suficiente para desatar un conflicto diplomático entre los dos países. La prensa colombiana publicó que el gobierno de Uribe entregó a la Cancillería venezolana más de ocho horas de grabaciones en video con ex guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las cintas presuntamente contienen los relatos de ex combatientes de las Farc y el ELN que narran las operaciones que realizaban en la frontera con Venezuela.La información de los desmovilizados señala que los rebeldes no sólo trafican con armas y drogas en la frontera, sino que piden autorización a las autoridades venezolanas para el transporte de vehículos robados y el aprovisionamiento de víveres y uniformes para sus combatientes.

Pero en medio a lo que ha sido publicado surgen diversas versiones para los hechos. Por su parte, las Farc niegan tener campamentos y hombres en Venezuela, tal y como lo denunció el gobierno colombiano en el dossier que le envió a Caracas. En entrevista concedida al informativo televisado Noticias Uno, el jefe guerrillero Raúl Reyes dijo que "el presidente Alvaro Uribe pretende eludir el justo reclamo de los venezolanos por la violación de su soberanía al secuestrar a (Rodrigo) Granda sin su consentimiento en pleno centro de Caracas, con más mentiras como afirmar que yo estoy en Venezuela o que allá tenemos los campamentos y otra falacias propias de un gobierno (...), que hizo de la mentira su principal instrumento de gobernar, con el ejemplo y la protección de la Casa Blanca", señaló el insurgente.

Mientras el conflicto sigue, cooperativas indígenas continúan bloqueando la frontera en la zona del estado Zulia, en reclamo por las pérdidas económicas que les produjo el conflicto diplomático entre los gobiernos de Colombia y Venezuela. Las cooperativas de transporte de combustibles continúan bloqueando la frontera en los municipios Mara y Páez, del estado venezolano de Zulia, exigiendo que se incorpore el tema de los combustibles en la agenda de la reunión entre los mandatarios.

Por motivo del secuestro del dirigente guerrillero en Caracas, el gobierno venezolano reclamó un pedido de disculpas al Estado colombiano y suspendió temporalmente el comercio entre ambos países. Los representantes de las cooperativas informaron que más de 500 mil personas resultan afectadas por el conflicto entre los dos países.