El dinero público se esfuma para favorecer a la educación privada

Desacomplejada tras los discursos de Letrán y Riad del Presidente Sarkozy, que se jactaba sobre todo de la pretendida superioridad del sacerdote o del pastor sobre el maestro de escuela en la transmisión de valores, desde entonces a la derecha no le falta imaginación para apoyar a la educación privada y concederle ventajas contantes y sonantes. El ejemplo más reciente hasta la fecha, en la noche del martes al miércoles, la mayoría de la UMP del Senado adoptó una enmienda al proyecto de presupuesto de 2011. Esta fue propuesta por el tristemente célebre senador Carle , que ya en 2009 había hecho flexibilizar la financiación de las escuelas primarias privadas por las autoridades locales. Esta vez, se trata de sustraer de la enseñanza pública el equivalente a 250 puestos adicionales (o sea 4 millones de euros) para transferirlos a la educación privada. Incluso frente a la sangría de las 16 000 supresiones de puestos que ya se prevén para el otoño de 2011, escuelas públicas y privadas no están en igualdad de condiciones, siendo la contribución de las escuelas privadas a los recortes de empleo casi dos veces menor que la de las públicas !

Algunos días antes, el 19 de octubre, la Presidencia de la Asamblea Nacional registró un proyecto de ley presentado por 81 diputados de la UMP que iba en el mismo sentido. Aspira a exonerar del impuesto de bienes inmuebles, en las propiedades edificadas, a las escuelas privadas concertadas. Las autoridades locales e instituciones públicas intermunicipales con fiscalidad propia pueden decidir que así sea, siempre y cuando el propietario de los edificios en cuestión lo solicite antes del 1 de enero. Esta ventaja se otorga con el motivo aparente de que "las escuelas privadas concertadas ofrecen servicios extremadamente valiosos a los municipios", ya que “ permiten a las autoridades quedar exentas de pesadas cargas", especialmente "en varios municipios que no disponen de establecimientos públicos. " Más allá de la hipocresía inducida por tal razonamiento, la ley sanciona favorablemente la renuncia a hacer efectiva la ley republicana que indica que "todo municipio debe contar con al menos una escuela primaria pública." Peor todavía, estas disposiciones favorecerán con fuerza la transgresión de la ley al ayudar a reducir al mínimo el servicio de educación pública. Se trata aquí de una nueva financiación encubierta de las escuelas privadas, cuyos costes recaerán en última instancia en los contribuyentes. En efecto, está previsto que cualquier pérdida de eventuales ingresos para las autoridades locales que surja con motivo a dichas exoneraciones sea compensada por el Estado mediante la creación de una tasa adicional sobre el tabaco. En otras palabras, los que acordarán la medida no serán los que asuman el coste real de la misma. Este proyecto de ley tiende a crear un nuevo nicho fiscal, en flagrante contradicción con el discurso gubernamental encaminado a rebajarlos dada la necesidad de compartir esfuerzos. Cierto es que las declaraciones de intenciones solo comprometen a quienes quieren creer en ellas.

Es necesario condenar este nuevo atentado contra el sacrosanto principio de laicidad. De este modo y a través de la eliminación del mapa escolar que lo acompaña, los neoliberales desean establecer un gran mercado de las instituciones públicas y privadas en nombre de la sempiterna libre competencia. De la escuela republicana pasaremos a una escuela a la carta liberada de la exigencia del interés general y del carácter mixto de los establecimientos. Más que nunca, en nombre de la igualdad frente a la educación que tienen derecho a esperar todos los alumnos la urgencia está en reafirmar que los fondos públicos vayan exclusivamente a la escuela pública. Apelamos además, conforme al juramento de Vincennes pronunciado por el campo laico el 19 de junio de 1960, a la derogación de la ley Debré de 1959 que hace las veces de un concordato de facto sin llevar tal nombre asegurando la financiación pública de las escuelas privadas.

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