En La Gaviota quieren avanzar en el modelo

Trabajadores de la empresa Conservas Alimenticias La Gaviota protagonizaron un paro de 21 días en diciembre de 2010. No sólo para exigir reivindicaciones laborales, sino para pedir más información sobre la contabilidad y protestar por la caída de la producción y las “frecuentes fallas” en la distribución.

“En la medida en que los trabajadores y las comunidades accedamos a la información del proceso productivo sin ninguna limitante y a la decisiones que a éste conciernen, en esa medida mejorará la eficiencia, disminuirá la burocracia y la corrupción, la distribución será más oportuna, de calidad y a precios justos, pues atenderá a las necesidades del colectivo, y no de pequeños grupos de poder”. Así lo aprecia José García, dirigente del sindicato de Unete en esta industria.

Conservas Alimenticias La Gaviota es una fábrica procesadora de sardinas, pepitonas y atún, y una de las pocas fuentes de sustento de la parroquia Valentín Valiente, en Cumaná, estado Sucre.

Fue ocupada y posteriormente nacionalizada por el Estado, y desde sus pininos como empresa pública, los trabajadores fueron incorporados para “levantar” la producción y hasta ahora este proceso de control obrero, a pesar de sus altas y bajas, no ha parado.

Así lo contó García, quien pese al camino recorrido reclama más. Considera que aunque se ha avanzado, la actual gerencia toma decisiones “inconsultas” sin dar mayor explicación.

“El control obrero es manejo de información para poder incidir en las decisiones porque si no, no es control obrero”, sentenció el trabajador, quien no deja de reconocer que el Gobierno está de su lado. “Juan Carlos Loyo dijo que el Gobierno va avanzando para cambiar el modelo y lo sabemos”.

HISTORIA DE UNA LUCHA POR EL TRABAJO

En enero de 2009, los trabajadores protagonizaron una huelga de 75 días por mejores condiciones laborales. Los patronos privados los sometían a jornadas laborales a destajo dos o tres días a la semana, sin acumular prestaciones, seguridad social y vacaciones. “Investigamos y logramos confirmar que el producto se iba para Brasil, porque como aquí la sardina estaba regulada a tres bolívares, ellos preferían venderla a 17 bolívares afuera”.

Relató que el patrono hacía menos turnos de trabajo porque no les interesaba aumentar la producción. “Ganaban cuatro veces más en el exterior, pagando el menor tiempo de trabajo posible. Nosotros comenzamos la lucha no sólo por reivindicaciones laborales, sino porque fuera permanente el trabajo”, dijo.

En mayo de 2009, el Gobierno ejecutó una medida de ocupación temporal para evitar el cierre. La actuación correspondió al entonces ministro de Comercio, Eduardo Samán, quien anunció que la fábrica quedaría bajo control obrero y explicó, en diversos medios de comunicación, que en la primera etapa “se logró romper la división entre trabajo manual y administración de la empresa”.

Durante este período se nombró un consejo de trabajadores para gerenciar con la asesoría de funcionarios del Ministerio de Comercio. Hubo, por primera vez, logros laborales: pagaron tickets de alimentación, reestructuraron las jornadas de trabajo, cancelaron utilidades a los trabajadores y se inscribió a todos en el sistema de seguridad social.

El 19 de mayo, dos semanas después de la intervención del Estado, la fábrica ya estaba produciendo a 50% de su capacidad. Los excedentes eran mínimos, pero no dio pérdidas. “Efectivamente, se demostró que éramos capaces de pagar los salarios, el mantenimiento y todo con la venta de los productos”, dijo García.

“El objetivo de nosotros era producir a 100% de capacidad para lograr independencia financiera. Eso todavía no lo hemos logrado”.

En marzo de 2010 pasan la empresa a custodia del Indepabis y posteriormente, de la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), organismo que nombra una gerencia que sustituye la anterior estructura donde el consejo de trabajadores era el órgano de decisión.

“A partir de esta fecha comenzó a bajar la producción y comenzaron las acciones sindicales porque los gerentes no nos querían dar información sobre la situación financiera. Luego de muchas luchas, decidieron poner bajo nuestra responsabilidad las áreas de ventas y producción, pero se reservaron las de compras y contabilidad”.

El representante sindical relató que los trabajadores se organizaron para publicar mensualmente los montos de producción y para desarrollar sistemas de distribución “oportuna, frecuente, de calidad y precio justo”, con ayuda de los consejos comunales de la parroquia Valentín Valiente.

En octubre de 2010 el sindicato presentó un documento a la directiva de Pescalba, empresa cubanovenezolana que provee a La Gaviota del pescado y demás materiales para la producción. Allí denunciaban trabas burocráticas para la adquisición de insumos y fallas en el almacenaje y distribución.

En diciembre de ese año, el sindicato decidió paralizar actividades. Los trabajadores no habían recibido el pago de aguinaldos y denunciaban que la gerencia “inexplicablemente” mantenía almacenadas más de 50 mil cajas de productos, sin distribuir.

Luego de 21 días de paralización, se llega a algunos acuerdos, se incorpora a dos trabajadores a la directiva y en enero de 2011 se reanudan las actividades.

Pero en marzo de 2011 la producción y distribución siguió cayendo hasta la paralización “por falta de insumos y trabas burocráticas”. “Teníamos 96 mil cajas acumuladas que requerían una distribución frecuente y oportuna y no podíamos hacer el trabajo porque los gerentes retardaban decisiones y no compraban insumos”.

En abril, el ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, visitó La Gaviota para investigar. Luego de una asamblea con el personal, destituyó a la junta directiva del lado venezolano de Pescalba y anunció la reestructuración de la junta directiva de La Gaviota, que desde ahora estaría integrada por trabajadores, representantes de la comunidad y del Estado.

Hasta ahora, José García hace un balance positivo del proceso en la empresa, pero advierte que para mejorar debe cambiar el modelo de gestión. “Los trabajadores son los que tienen que transformar ese modelo y tomar el control de las fábricas, ni los burócratas, ni tampoco las cúpulas sindicales lo deben hacer”, concluye junto a sus compañeros y dice estar dispuesto a aportar su granito por la soberanía.

¿Qué es el control obrero?

El control obrero significa exactamente lo que dice: la clase obrera y sus representantes en las fábricas tienen el derecho a inspeccionar los libros de cuentas de la empresa o la industria, vigilar y controlar todos los ingresos y salidas y las acciones de la dirección.

En El programa de transición el político ruso León Trotsky, estudioso del tema, explica que el primer paso hacia el control real de la industria es la eliminación de los “secretos empresariales”. Argumenta que los secretos empresariales, las cuentas y los libros, son utilizados para justificar todos los ataques a la clase obrera, como son las reducciones salariales, despidos y aumentos de las jornadas laborales.

“Cuando los empresarios dicen que están en bancarrota, o que pierden beneficios, exigen este tipo de cosas”. Explicó que el control obrero permite a los trabajadores inspeccionar los libros y valorar la situación real. La idea es levantar el velo, demostrar a la clase obrera el funcionamiento detallado del sistema capitalista como un paso hacia su eliminación.

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