Bolivia: La nacionalización no espera

Por Mario Ronald Duran Chuquimia(*)

El Movimiento al Socialismo (MAS) durante la última campaña electoral agito las banderas, la consigna y la demanda de la recuperación de los recursos hidrocarburíferos, los cuales pasaron a manos de trasnacionales por medio de la Ley (No. 1544) de Capitalización, ley que fue aprobada durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), dichas empresas obtuvieron beneficios adicionales con las sucesivas leyes y decretos de gobiernos posteriores.

La demanda de la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos hecha rebelión en Octubre de 2003, se convirtió a fuerza de movilizaciones de diversos estamentos sociales en una gran fuerza aglutinadora en sucesivos momentos históricos recientes; la chispa fue encendida el 19 de Septiembre de 2003, con la convocatoria del MAS a una gigantesca movilización en contra de la supuesta venta del gas natural a Estados Unidos (USA) por un puerto chileno, por la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos y por la industrialización de esta materia prima, la caída y huida de Goni (GSL) dejando tras sí muertos y heridos, junto a la asunción de Carlos Mesa cerraría dicho capítulo. En mayo-junio de 2005, la movilización de las juntas vecinales de la ciudad de El Alto y otros sectores sociales, que exigían la nacionalización por la vía que fuese: decreto presidencial o ley de la república con el argumento de que los contratos eran nulos de pleno derecho, en consonancia a la decisión del Tribunal Constitucional boliviano, que cuestionaba la validez de los contratos de capitalización por no ser refrendados por las Cámaras Legislativas. Pero, el por entonces presidente Mesa, no dio el paso para la tercera nacionalización, y a pesar suyo fue obligado a renunciar dando paso a la sucesión constitucional, aceptando los movimientos sociales movilizados, que tenían dos de las principales ciudades en paro cívico indefinido, un Congreso nacional cercado por mineros armados de dinamita, revueltas populares en la cruceña San Julián y otras ciudades, un trueque bobo: nacionalización por sucesión constitucional. El presidente Rodríguez Veltze, no se atrevió a exigir la migración de contratos petroleros a la nueva ley de hidrocarburos (No. 3058, aprobada el 17 de Mayo de 2005), dejando establecido que era tarea del futuro gobierno.

El nuevo gobierno fue electo con el 54% de los votos, obteniendo la mayor votación de la era democrática. Evo Morales en su gira por los países del exterior, emitió mensajes simbólicos, dos de los principales fueron: el respeto a la inversión privada y el “queremos-socios, no-patrones”; al retornar de su viaje, en sus primeras declaraciones de prensa, ratifico su promesa de nacionalizar los recursos hidrocarburíferos sin confiscar activos e inversiones de las trasnacionales: “una nacionalización responsable”. Otros hechos ilustran, al parecer, la posición del nuevo gobierno: el vicepresidente García Linera, en unas líneas del discurso efectuado en la plaza San Francisco en ocasión de la posesión y el compromiso ante el pueblo, dejo el tema de la nacionalización para su discusión en la futura Asamblea Constituyente; el ministro de hidrocarburos, Andrés Solíz R., pretende, cual si Bolivia fuese una empresa, inscribir las reservas gasíferas en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Un recuento histórico es necesario, la primera nacionalización en la historia mundial fue la boliviana, fruto de las actuaciones de los gobiernos de la pos-guerra del Chaco, que son conocidos como del socialismo militar, quienes durante el gobierno del general Toro, el 13 de Marzo de 1937, mediante Resolución Suprema, declaraba extinguidas las concesiones otorgadas a una trasnacional y revertidos sus bienes al Estado. Un acápite es por demás interesante de la resolución en contra del poderoso trust: “Declarase la caducidad de todas las propiedades de The Standard Oil Co. of Bolivia, dentro el territorio de la Republica por defraudación de los intereses fiscales”. La Standard no solo había incumplido con las leyes bolivianas y el contrato Richmond Levering Co. (1) suscrito, sino que en medio de las balas, de las constantes derrotas del ejercito boliviano en manos del paraguayo, de la sangre de cambas, kollas, chapacos sacrificadas en el altar de Marte, la Standard exportaba clandestinamente el petróleo boliviano a Argentina con destino a las tropas paraguayas (2), contrabando que realizo incluso en la post-guerra, causa principal que justifico la nacionalización del petróleo. Una persona simboliza la voluntad nacionalista del pueblo boliviano forjada en la guerra del Chaco, el teniente coronel German Busch que propicio la creación de Yacimientos Fiscales Petrolíferos Bolivianos (YPFB) y aguanto las arremetidas de la Standard.

La constante histórica boliviana es la entrega de los recursos naturales a intereses extranjeros hechos empresas trasnacionales, el joven MNR hacía la revolución de 1952, recuperaba las ya exhaustas minas de los barones del estaño, aceptando las directrices del plan de política económica Bohan (3) que propiciaba el retorno de las trasnacionales petroleras. En 1956, la muerte anunciada de YPFB, era sellada con la aprobación del código Davenport (4), hecho a la medida de la trasnacional Gulf Oil Co. Entre las observaciones principales hechas por Marcelo Quiroga S.C. en 1966, diez años después, están que: el código fue redactado por extranjeros vinculados a intereses petroleros, para beneficio de dichos intereses y en detrimento de la miserable economía, fiscal y nacional, un ventajoso régimen tributario empresarial que conlleva una exigua participación del estado, el factor de agotamiento que despoja al Estado del dominio originario de las riquezas naturales, que los procedimientos para la solución de los litigios entre el Estado y las trasnacionales vulnera la soberanía nacional, que no legisla específicamente sobre el recurso gas, que son la mas grande reserva dentro el territorio nacional, hechos que propiciaron el decaimiento de YPFB, para bonanza de la BOGOC (5).

La segunda nacionalización fue hecha el 17 de Octubre de 1969, en medio de un mar de apoyo popular, con el ejercito que tomaba los campos petroleros y las oficinas de la Gulf; el antecedente necesario para este acto, fue que la Asamblea Constituyente de 1967 aprobó una nuevo texto de Constitución Política, en el que se incorporo (Art. 139) el principio de que los hidrocarburos eran del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado. Al año siguiente el presidente de facto Gral. Rene Barrientos O. promulgo un Decreto Supremo mediante el cual dejo en suspenso la aplicación del Código del Petróleo y prohibió el otorgamiento de nuevas concesiones. El dominio de la trasnacional fue roto con la muerte de Barrientos quien pese a todo, respetaba los concesiones de la Gulf y su derecho propietario fraguado sobre los reservorios de gas. La junta civil-militar encabezada por el Gral. Alfredo Ovando C. decreto “la reversión al Estado de las concesiones otorgadas por la Gulf Oil y la nacionalización de todos los bienes e instalaciones que pasan a ser intervenidas por YPFB”. Sergio Almaraz Y Marcelo Quiroga S.C. fueron los principales ideólogos de la nacionalización, expresaron la conciencia nacional y el vínculo entre la lucidez intelectual y voluntad práctica, entre conciencia teórica y conciencia histórica, entre conocimiento concreto y su potencialidad en proyectos sociales.

La venta a precio de gallina muerta de las empresas estratégicas durante el primer gobierno de Goni (GSL) significo el retorno del colonialismo que convierte a Bolivia en fuente de aprovisionamiento y transferencia de plusvalor hacia las empresas trasnacionales, el efecto se dejo sentir en las sucesivas crisis económicas del ciclo neoliberal, hechas economía popular paupérrima, que se tradujeron en levantamientos populares, la mayor carga de acumulación de resistencia al modelo neoliberal se dio en Octubre de 2003, movilización que mantiene ardiendo la llama de la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos.

Las declaraciones hechas y las últimas decisiones políticas del gobierno del MAS autodenominado de la “revolución democrática” muestran un claro sesgo populista y de coyuntura con la ausencia de un proyecto nacional que de las respuestas a las necesidades del país; populista, ya que no quiere sacrificar el capital electoral obtenido asumiendo medidas transcendentales, como la nacionalización del gas y del petróleo; de coyuntura, ya que solo reacciona a los estímulos externos de los temas de moda. La valoración hecha por Adalid Contreras respecto al gobierno de Mesa (6), calificándolo como “entreguista” por su timidez para la recuperación estatal de los hidrocarburos, bien puede ser aplicada a este gobierno, en caso de que incumpla su principal propuesta electoral. Para este momento histórico, las palabras de Marcelo Quiroga S.C. son importantes y necesarias: “No somos dependientes porque somos pobres, somos pobres porque somos dependientes”.

Notas:

(1) El contrato se denomino así por el estudio jurídico norteamericano que lo redacto.
(2) El jefe militar Pompilio Guerrero participo en la guerra del Chaco (1932-1935), haciendo pública esta denuncia en fecha 7/12/1935.
(3) En alusión al economista Martín Bohan, jefe de la misión americana que dio las directrices al gobierno del MNR
(4) La consultora neoyorquina Schuster and Davenport redactó el Código del Petróleo, conocido como Código Davenport , aprobado en el Congreso boliviano el 26 de Octubre de 1955 y promulgado en 1956.
(5) BOGOC: acrónimo de la Bolivian Gulf Oil Co.
(6) En el artículo “Ay Bolivia, no te rajes”, Aportes Andinos No.12, http://www.uasb.edu.ec/padh.

El Alto - J’acha Mark’a, 7 de Febrero de 2006.

(*) El autor fue Secretario Ejecutivo de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB).