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Paramilitares que se desmovilizan son los mayores violadores de los derechos humanos
Publie le Jueves 9 de diciembre de 2004 par Open-PublishingEl Tiempo
Diciembre 9 de 2004
Entre el 16 de julio de 2003 y el 16 de julio de 2004, el Bloque Catatumbo de las Auc perpetró 211 homicidios individuales y 44 colectivos.
Así lo revela un informe elaborado por la Fundación Progresar (ONG que trabaja desde hace 10 años en la zona) entregado recientemente al jefe de la misión de la OEA en el proceso de paz con los paramilitares, Sergio Caramagna.
En este documento se detallan homicidios, torturas, secuestros, desplazamientos y amenazas en la región del Catatumbo y en el área metropolitana de Cúcuta.
"Mas allá de la violación a lo pactado, han quedado en nuestra región cientos de personas civiles asesinadas, hogares destruidos, huérfanos y viudas, que hoy solo esperan una explicación de qué fue lo que sucedió", dice un aparte del estudio, de 71 páginas, conocido por EL TIEMPO.
Según la Fundación Progresar, los sectores de la población más vulnerables a la arremetida ’para’ en Norte de Santander fueron celadores, zapateros, vendedores ambulantes, comerciantes, albañiles, conductores de bus, prestamistas, joyeros, cambistas, ’pimpineros’, trabajadores de bares y restaurantes, recicladores, prostitutas, travestis, raspachines y desempleados, vistos por los ’paras’ como personajes con algún grado de adscripción o simpatía por la guerrilla, o reconocidos defensores de derechos humanos. Cadena de homicidios
Cadena de homicidios
El estudio llama la atención sobre el asesinato de funcionarios judiciales, autoridades civiles, líderes comunales y de izquierda y desplazados, haciendo la salvedad de que no fueron el blanco de los ataques en la mayoría de los casos.
Basado en fuentes oficiales, documentales y en testimonios, el informe reporta los homicidios uno por uno, con una explicación breve: "José de Dios Díaz Núñez. El 21 de julio del 2003 fue asesinado el ex alcalde de El Tarra luego de ser obligado a bajarse de un bus interurbano entre Cúcuta y El Tarra, en el trayecto de regreso a la capital departamental. Le dispararon en repetidas ocasiones y dejaron el cuerpo tendido en la vía".
Según el estudio, los homicidios no fueron espontáneos ni constituyeron respuesta a conflictos o circunstancias inmediatas y eventuales, sino que respondieron a una actuación con propósitos deliberados.
"Para tener certeza de la identificación, los homicidas recurrieron con frecuencia a corroborar su identidad; preguntaron por ellos o los llamaron por el nombre para actuar de inmediato", dice la Fundación Progresar.
La ONG sostiene que la mayoría de las personas fueron asesinadas en lugares públicos frente a sus casas o en sitios donde departían con familiares, amigos y vecinos del barrio.
La Fundación Progresar, en otro estudio de 182 páginas, denominado ’Diagnostico de Derechos Humanos en el contexto de la violencia en Cúcuta y en Norte de Santander 2001-2003’, que se entregó al mismo tiempo que el de las violaciones, realiza un balance general de la crisis humanitaria causada por la disputa entre guerrilleros y paramilitares por el control de la región.
Allí reseña los crímenes de reconocidos líderes sociales y estudiantes y docentes de la Universidad Francisco de Paula Santander (Ufps), presuntamente a manos de las Auc, que conmovieron no solo al departamento sino al país en los últimos cinco años.
Y, además, alerta sobre la impunidad en la investigación de la mayoría de los casos descritos. Entre ellos, aparece el asesinato de Iván Villamizar, defensor del Pueblo en Norte de Santander y rector de la Universidad Libre en Cúcuta, baleado el 13 de febrero del 2001 en el barrio Ceiba II por un comando de 10 presuntos paramilitares.
Igualmente, registra el asesinato de Tirso Vélez, ex alcalde y concejal de Tibú, quien recibió 15 disparos en el centro de Cúcuta el 4 de junio de 2003, cuando era uno de los candidatos más opcionados para alcanzar la gobernación del departamento; y la muerte, sin esclarecer, del sacerdote y ex alcalde de Cúcuta Pauselino Camargo, en el 2000.
"La desmovilización del bloque Catatumbo debe ser transparente y completa y debe servir para esclarecer tantos crímenes en el departamento", concluye Cañizares.
Sobre este tema, ’Camilo’, jefe de ese grupo, le dijo a EL TIEMPO que pedía perdón por los errores que pudieron haber cometido, pero aclaró que no son responsables de todo lo que les imputan las autoridades y ONG.