Principios de organización de una empresa energética: soberanía energética e integración regional

Por Ricardo De Dicco y Gustavo Lahoud*

El debate en torno a la temática energética está alcanzando un lugar prioritario y estratégico en casi todas las agendas político-institucionales latinoamericanas. En verdad, la posibilidad de discurrir sobre el modelo energético y las políticas públicas asociadas a su implementación, nos conduce, indefectiblemente, a plantear la necesidad de una mirada histórico-estructural e integral que recupere -en clave de un presente vivo y dinámico- la propia memoria histórica común que los sudamericanos tenemos acumulada en relación a estas cuestiones.

En orden a plantear algunas ideas vinculadas a una nueva manera de percibir y comprender la problemática energética como un factor de política pública que es vital a la hora de planificar un desarrollo inclusivo y autónomo a nivel sudamericano, es importante empezar a conocer y comprender las experiencias históricas en materia de manejo de activos y recursos energéticos organizados -en su planificación estratégica- desde la esfera público-estatal del poder.

Esta línea de trabajo e investigación cobra impulso en la presente coyuntura, a la luz de ensayos recientes de reorganización de empresas energéticas con una mirada tanto nacional como regional en lo que respecta a la proyección de actividades no sólo directamente vinculadas al hard core del negocio hidrocarburífero -es decir, los eslabones de los segmentos upstream y downstream-, sino también referidas a un papel estructuralmente disímil que una empresa de estas características -como fuerte generadora de divisas y riqueza nacional- puede desempeñar en el orden del desarrollo económico-social de sus propias comunidades, con una fuerte vinculación con las problemáticas de la educación y la salud públicas, la promoción de valores culturales compartidos y el compromiso en pos de crear mejores condiciones para el acceso igualitario de todos los ciudadanos a los bienes públicos que todo Estado civilizado debe garantizar.

En este sentido, esta referencia que se hace en relación al modelo de organización de una empresa hidrocarburífera estatal y las áreas que comprende el diseño de su planificación estratégica como actor económico, no es algo novedoso o sui generis en la historia político-institucional de América Latina. De hecho, ya desde la década del ’20 del siglo pasado, la República Argentina se convirtió en un pilar estratégico en la región, en el orden de la planificación activa desde el Estado de los recursos naturales en general y de los bienes energéticos en particular. [1]

En efecto, en función de recuperar y actualizar ese pasado, en los últimos años ha resurgido un interesante leading case en América Latina, a partir del proceso político liderado por el Presidente venezolano Hugo Chávez Frías. [2] Se trata de PDVSA, la empresa nacional de petróleos del Estado venezolano.

Como es sabido, esta entidad -que es vital para el sostenimiento económico, financiero y administrativo de Venezuela- es la principal empresa del país en términos de producción, activos y ventas, con una fuerte presencia tanto en el mercado interno como en los externos, a tal punto que es la quinta petrolera del mundo por sus niveles de producción y exportación. [3]

Por ende, la columna vertebral del Estado venezolano se organiza en torno al manejo de los recursos energéticos, y la centralidad que PDVSA tiene como actor económico en el mercado energético mundial es decisiva para la consolidación del propio margen de maniobra externo de Venezuela.

No obstante, resulta importante realizar una atenta mirada a la caracterización que la Administración Chávez hace respecto a la empresa nacional de hidrocarburos como un actor estratégico que tiene -en su despliegue productivo y funcional-organizacional- una multidimensionalidad vinculada muy fuertemente a una necesidad estructural del país.

Esa prioridad ha sido la de asegurar -mediante el eje pivotal de la presencia diversificada de la empresa- un auténtico desarrollo endógeno, armónico, integral e integrado, que sea capaz de generar un tipo diferente de organización del espacio económico interior que suprima las asimetrías estructurales que se han acumulado como consecuencia de un crecimiento económico que ha privilegiado aquellas actividades y regiones que estaban ligadas a los mercados externos como proveedoras pasivas de insumos y materias primas esenciales para los países más desarrollados.

Ciertamente, la relación dependiente de nuestras economías con los centros de poder externos ha sido largamente señalada como una condicionante estructural para consolidar esquemas productivos diversificados que fueran capaces de dar cuenta de la pervivencia de un auténtico estado de fragmentación interna que, a la vez que postergaba regiones enteras en materia de crecimiento económico, consolidaba auténticas estructuras duales de poder, con sociedades divididas y polarizadas al compás del reforzamiento de los vínculos económicos de dependencia. [4]

La consolidación de semejante situación ha relativizado, en términos concretos, la propia capacidad soberana de los Estados sudamericanos a la hora de planificar una explotación racional e igualitaria de sus recursos energéticos. Va de suyo, entonces, que estos procesos han terminado por dañar las capacidades de control y autoridad del Estado para hacer uso de los bienes de su comunidad en favor de un desarrollo endógeno que fuera equilibrado y armónico desde una óptica de organización antropocéntrica del espacio geográfico y económico.

Venezuela, como otros países de la región, ha sufrido este proceso de desapropiación progresiva y persistente, que había conducido a la fragmentación territorial, a la pérdida real de soberanía económica y a la acentuación de una polarización social y económica, factores inherentes a una comunidad política que, a la vez que se fractura social y espacialmente, se hace más desigual e injusta.

En efecto, esta percepción era ya clara para el ex Presidente venezolano, Rómulo Betancourt, quien, hacia el año 1948, en pleno proceso de crisis político-institucional, sostenía que “Venezuela está definitivamente resuelta a ser ella misma, a través de sus órganos estatales, la que determine la fórmula más beneficiosa para el pueblo de explotar sus reservas petrolíferas, pero en ningún caso debe hacerlo ya más mediante el sistema colonial de otorgarles en concesiones a inversionistas particulares”. [5]

En verdad, detrás de estas manifestaciones, había toda una conciencia político-cultural que giraba en torno a la imprescindible presencia del Estado en los procesos de planificación de los recursos energéticos. De hecho, tal como afirma el actual Canciller de Venezuela, Alí Rodríguez, en América Latina se ha desarrollado de manera particularmente original -en relación a los procesos político-sociales ocurridos en otras regiones del mundo-, “la conciencia sobre la propiedad del petróleo como recurso natural” [6], lo cual está ligado a los imprescriptibles derechos que las comunidades nacionales tienen al usufructo racional y sustentable de los recursos que existen tanto en el suelo, subsuelo como en los espacios aéreos y marítimos circundantes.

Claro que, para ello, es necesario, poder hacer efectiva la soberanía sobre los recursos y, a su vez, estar en condiciones de hacer un usufructo racional, eficiente y sostenible de los mismos. Asociado a esto, debe tenerse en cuenta que un modelo de organización empresarial que reivindique estas necesidades productivas desde una mirada socialmente integradora, debe, primordialmente, asegurar un manejo dinámico, eficaz y solvente de los recursos económicos, científico-tecnológicos, productivos y administrativos, que garanticen la transparencia, el control y la existencia de mecanismos internos de asignación de los bienes concernidos, de manera tal de evitar la aparición de posibles focos de corrupción y de prebendas públicas asociadas generalmente al manejo de importantes activos que de por sí ya representan un poder demasiado importante como para desdeñarlo. [7]

Ante este diagnóstico persistente, ¿qué implicancias tienen la reorganización del espacio geoeconómico, la centralidad de un nuevo modelo de desarrollo endógeno integrado y la caracterización de PDVSA como una empresa energética con un criterio de planificación inclusivo desde lo económico-social, lo político-institucional y lo específicamente productivo en la reformulación de la propia matriz de la soberanía energética venezolana?

Para contestar esta pregunta, es necesario, prioritariamente, definir qué se entiende por soberanía energética desde estas coordenadas o ejes ordenadores que plantean la necesidad de dar cuenta de las carencias ligadas a la falta de integración interna de las comunidades nacionales aludidas.

En tal sentido, se entiende por soberanía energética la propia capacidad de una comunidad política para ejercer el control y la potestad (entendida como autoridad) y para regular de manera racional, limitada y sustentable la explotación de los recursos energéticos, conservando un margen de maniobra y una libertad de acción que le permita minimizar los costos asociados a las presiones externas de los actores estratégicos que rivalizan por la obtención de esos recursos. [8]

El sector energético es a la infraestructura material básica, el equivalente de la educación para la configuración cultural esencial. Ningún país será realmente soberano mientras no tenga asegurado el control y planificación irrestricta de estas áreas, pues la soberanía, en la práctica, se manifiesta en la elevación de las condiciones de vida del pueblo.

De acuerdo con el aporte teórico del Dr. Carlos Emérito González, el concepto de soberanía puede desprender singularmente las siguientes ideas principales: potestad suprema, facultades comprendidas en el poder del Estado, cualidades propias del poder político, soberanía es libertad y evasión de supeditaciones, su titular es el Estado, ningún otro poder debe estar por encima de ella, es la unidad del sistema normativo, es única externa e internamente, es el símbolo del ordenamiento estatal, se manifiesta expresamente en el derecho a legislar, es un concepto jurídico y político que debe asegurar el imperio del derecho, reside en el Pueblo y no debe admitir otro origen, no hay provincias soberanas ni países relativamente soberanos: hay soberanía o no la hay.

Tales cualidades emergentes en el concepto de soberanía, en el fondo, nos plantean una serie de facultades que configuran el rol específico de un Estado. Por ello, cuando se produce la emergencia de una nueva concepción, nos planteamos, no la desaparición de dichas cualidades sino la reconfiguración y resignificación del sentido de las mismas, a partir de aquella nueva concepción emergente.

“El desarrollo energético exige planes, inversiones y sobre todo, protección jurídica que impida, so pretexto de ayudar, agotar las fuentes perecederas y prevea la sustitución de unas fuentes por otras, en laudable propósito de servir al país. La Constitución Nacional como ley suprema de la Nación es la que debe legislar sobre el dominio y la explotación inalienable e imprescriptible de estas fuentes como medida de seguridad absoluta, proscribiendo las concesiones o cualquier otra figura jurídica que vulnere la soberanía sin cuyo ejercicio pleno no habrá libertad efectiva”. [9]

El concepto de soberanía implica, entonces, una determinada conformación de los roles de un Estado, que se traducen en un tipo particular de ejercicio de la política, el cual, no puede ni debe estar supeditado a las concentraciones y centralizaciones del capital, porque dicha situación se opone diametralmente a la soberanía como tal.

Es por ello que, ante la necesidad de potenciar el desarrollo endógeno de las distintas regiones del país, se había previsto -en la planificación económica del gobierno venezolano-, la consolidación de un programa integral que indujera una “significativa democratización del capital, dentro del concepto estratégico de cluster y en función del equilibrio territorial, aprovechando las ventajas y potencialidades regionales para crear núcleos sostenibles de pequeños y medianos empresarios”. [10]

Desde esa óptica, entonces, se recupera la centralidad del Estado nacional como agente planificador y decisor en materia energética, [11] aunque no se deja de considerar que las propias sociedades fragmentadas en las que estos procesos ocurren, sumado al contexto regional y global -que es francamente hostil a la idea de reapropiación soberana de los recursos como una guía práctica para el mejoramiento de los males desintegradores a los cuales se ha hecho referencia-, son, en sí mismos, factores que deben ser analizados a la hora de justipreciar los márgenes de maniobra [12] reales y concretos con los que los Estados de la región -y, particularmente, el Estado venezolano- pueden desenvolver sus actividades de planificación, producción y administración en materia energética.

En conclusión, es vivificante la posibilidad de pensar en una estructura productiva que ligue sólidamente su futuro al mejoramiento permanente de su propio entorno social, generando más y mejor ciudadanía política, económica y social a través de una democratización real de los procesos políticos-institucionales ligados al manejo de empresas estratégicas -como es el caso de PDVSA-, pero, debe también comprenderse que las lógicas del poder que realmente actúan son muchas, variadas y portadoras de intereses contrapuestos, lo cual convierte al escenario en un hábitat complejo, que, así como necesita de audacia desde el Estado para proponer un camino como el de PDVSA, debe estar en condiciones de mirar -con prudencia política- en propio espacio de acción política primaria, el proceso de fragmentación interna vinculado al mismo, y el contexto regional y global que también influye a la hora de determinar los caminos posibles.

Gustavo Lahoud y Ricardo De Dicco

Buenos Aires, 4 de Julio de 2005

Departamento de Comunicación y Tecnología
IDICSO - Instituto de Investigación en Ciencias Sociales.
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad del Salvador.
http://www.salvador.edu.ar/csoc/idicso

NOTA :