En julio de 2004, Scotland Yard interceptó varios correos electrónicos de un supuesto miembro de Al Qaeda en Pakistán y advirtió acerca de la posibilidad de que se realizaran atentados para estas fechas. Al mes siguiente, el diario The Times publicó que la organización planeaba cometer ataques en Londres. En marzo de este año, el gobierno aprobó una ley antiterrorista que aumenta la vigilancia de ciudadanos sospechosos de pertenecer a grupos extremistas.

Por Roberto Bardini
(Bambú Press)

En junio de 2002, el asesor en seguridad del gobierno estadunidense y presidente del Arlington Institute, John L. Petersen, afirmó que los servicios de inteligencia tienen cada vez mejores herramientas para la vigilancia electrónica y la prevención del terrorismo. Petersen habló ante 60 periodistas reunidos en Niza en el seminario “El precio de la privacidad”, y dijo: “Habrá menos vida privada, pero más seguridad. Podremos anticipar el futuro gracias a la interconexión de todas las informaciones. Mañana, sabremos todo de ustedes”.

Los participantes de la reunión saltaron en sus sillas. Simon Davies, de Privacy International, reaccionó: “Con la excusa del terrorismo, ya no se puede confiar ni en la información que guardan los bancos”. Cheong Yip Seng, un periodista de Singapur, casi dio en la tecla: “La tecnología es el problema menos complejo del terrorismo; antes debería eliminarse la pobreza y solucionar el conflicto en Palestina”. Quizá debió incluir a Irak y Afganistán entre las cuestiones no resueltas.

Después, muchos de los asistentes al seminario recordaron unas líneas del escritor británico George Orwell en 1984, su pesimista obra de anticipación redactada en 1948, que ubicaba al omnipotente Hermano Mayor en la Unión Soviética: “En el pasado ningún gobierno había tenido el poder de mantener a sus ciudadanos bajo una constante vigilancia. Ahora, la Policía del Pensamiento vigilaba a todo el mundo, constantemente”.

En la mañana del 11 de marzo de 2004, un año y ocho meses después de las afirmaciones de John L. Petersen, diez bombas estallaron en apenas tres minutos en varias estaciones de tren en Madrid. Fueron cien kilos de dinamita repartidos en una decena de mochilas, a una hora en que trabajadores y estudiantes son los principales usuarios del transporte ferroviario. Hubo 191 muertos y mil 500 heridos. Fue el peor atentado en la historia de España.

“Nos reservamos el derecho a responder en el momento y el lugar oportunos a todos los países que participan en esta guerra injusta [en Irak], en particular el Reino Unido, España, Australia, Polonia, Japón e Italia”, había amenazado Osama bin Laden en octubre de 2003.

Fiel a la advertencia, Al Qaeda volvió a golpear. Esta vez, eligió la red de transporte de Londres. Resultado: más de 50 muertos, 700 heridos y 25 desaparecidos. Gran Bretaña, que conoció la violencia del Ejército Republicano Irlandés (ERI) durante décadas, no había sido objeto de ningún atentado desde siete años atrás: el último fue en 1998. En este tiempo, mientras Estados Unidos y España fueron blancos del terrorismo, la isla permaneció indemne a pesar de los ataques británicos en Afganistán e Irak.

Sin embargo, el Reino Unido estaba en alerta permanente. Todas las amenazas que Al Qaeda lanzó a Washington desde la guerra de Irak las hizo extensivas a Londres.

En 2002, The Sunday Times informó que alrededor de 3 mil extremistas islámicos residentes en el Reino Unido habían sido entrenados en campamentos de Al Qaeda en Afganistán. En abril de 2004, después de los atentados de Madrid, un líder de Al Qaeda divulgó una lista de objetivos de la organización e Inglaterra se encontraba, como siempre, después de Estados Unidos.

En julio del año pasado, Scotland Yard interceptó varios correos electrónicos de un supuesto miembro de Al Qaeda en Pakistán y advirtió acerca de la posibilidad de que se realizaran atentados para estas fechas. Al mes siguiente, el diario The Times publicó que la organización planeaba cometer ataques en Londres. En marzo de este año, el gobierno aprobó una ley antiterrorista que aumenta la vigilancia de ciudadanos sospechosos de pertenecer a grupos extremistas.

Lo anterior es información pública. Es de suponer que los servicios secretos disponían de suficientes datos confidenciales a los que no tiene acceso el periodismo. El MI-5, dependencia de espionaje interno, siempre aseguró que toleraba la residencia en Inglaterra de presuntos terroristas porque era una forma de mantenerlos vigilados. El mensaje era: quédense tranquilos, la situación está bajo control. En pocas palabras: el primer ministro Tony Blair lo sabía.

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