CONTRARREFORMA AGRARIA Y AGROCOMBUSTIBLES...

CONTRARREFORMA AGRARIA Y AGROCOMBUSTIBLES

La tenencia de la tierra esta en el centro de los conflictos sociales y armados en Colombia, desde el inicio de la invasión española, hasta nuestros días.

Historia violenta del latifundio

Encomenderos robaron las tierras a los indígenas en nombre del Rey de España y de la Iglesia; los caudillos militares durante las guerras del siglo XIX fundaron grandes latifundios, con las tierras usurpadas a indígenas y campesinos.

En la guerra de mitad del siglo pasado, se materializó otra concentración de tierra mediante la expropiación violenta, que causó 300 mil campesinos muertos y más de un millón de desplazados; aquella se centró en las mejores tierras cultivables del Tolima, Quindío, Risaralda, Centro y norte del Valle del Cauca, Llanos orientales, Suroeste Antioqueño, la región de Urabá, los valles del río Magdalena y los Santanderes.

Históricamente la oligarquía colombiana ha tenido como política la concentración de la tierra y el despojo de los pequeños y medianos propietarios del campo, recurriendo a las formas violentas y leyes perversas. Ha impedido que se realice la reforma agraria democrática, y convertido la tierra en uno de los motivos de los tantos conflictos sociales y armados que ha vivido el país.

Guerra sucia y despojo de tierras

En los últimos treinta años se produce la contra-reforma agraria de los narcoparamilitares, como parte de la estrategia contrainsurgente y la guerra sucia del Estado terrorista. Los nuevos ricos se apropian de más de seis millones de hectáreas cultivables, al costo cinco millones de desplazados, 3.500 masacres, 15.000 desaparecidos, además del asesinato de 1.700 indígenas, 2.571 sindicalistas, más de 5.000 dirigentes políticos de oposición y centenares de defensores de derechos humanos.

Las tierras de las víctimas pasaron a manos de los victimarios, arrebatadas unas y compradas a menos precio otras. El senador Mario Uribe, primo del Presidente de la República, es uno de los tantos que extendió sus propiedades rurales de la mano de los jefes narcoparamilitares. Hoy vinculado al proceso de la parapolitica, está preso junto a otros 18 senadores y 12 representantes a la Cámara, casi todos del partido uribista.

El Presidente de la República es otro gran poseedor de tierra, con más de once mil hectáreas, algunas colindantes con las de Salvatore Mancuso, en Córdoba.

En consecuencia, la política agraria del gobierno va dirigida a la concentración de la tierra y a legalizar las usurpadas por los narcoparamilitares.

Lo evidencia la Ley de Tierras que faculta al gobierno para otorgar títulos de propiedad a las personas que demuestren tener posesión de un predio durante más de cinco años, con perjuicio de los legítimos propietarios desplazados por la barbarie de la guerra sucia. Además la Ley Forestal permite la legalización de las tierras comunitarias, que fueron robadas luego de desplazar a los indígenas y afro descendientes.

Un ejemplo de la política gubernamental es el caso del predio estatal de Carimagua, ubicado en el departamento de El Meta, cuyas 17.000 hectáreas destinadas a familias desplazadas, se les cambió de destino, desconociendo compromisos adquiridos, para entregárselas a empresas productoras de palma aceitera.

Crece la hambruna

El gobierno de Uribe Vélez está impulsando que las tierras productivas, se destinen a cultivos extensivos de maíz, trigo, caña de azúcar, palma aceitera, soya y otras especies destinadas a la producción de agrocombustibles (etanol y diesel), para satisfacer las necesidades de los Estados Unidos y Europa.

Con esta política se atenta contra los intereses de los sin tierra, de los pequeños y medianos campesinos, afectados por la carencia de tierra cultivable y por la importación de alimentos, dentro de los marcos de los Tratados de Libre Comercio (TLC).

Lo más criminal de esta política agraria es que afecta la seguridad alimentaria de los colombianos, condenados por esta causa a la hambruna. Los productos de la canasta alimenticia ya están escasos, al ser destinados a producir combustibles para vehículos y los precios se están colocando por las nubes.

El Banco Mundial reconoce que el precio del trigo aumentó en 181 por ciento, en treinta y seis meses y los alimentos en general subieron un 83 por ciento.

El maíz ha registrado incrementos del 141 por ciento en los últimos dos años y la soya del 137 por ciento.

Treinta y siete países pasan por hambrunas en el mundo, con tendencia a extenderse a muchos otros. Colombia será uno más de éstos, de continuar desarrollándose la política agraria oligárquica, con la que se está profundizando el conflicto social y armado actual.

Una salida con protagonismo del pueblo

Los colombianos no podemos permitir, que la élite continúe manejando los destinos de la Nación; a ésta sólo la mueve el afán por enriquecerse y afianzarse en el poder, para defender sus intereses de clase.

Es el tiempo del protagonismo del pueblo, como en casi todos los países del sur del Continente. A la crisis colombiana, hay que buscarle salidas desde una visión de nación y de pueblo.

Saldremos adelante si sumamos voluntades las fuerzas que propendemos por el cambio, así seremos capaces de encontrar el rumbo, hacia el futuro de paz y bienestar con desarrollo, de las grandes mayorías excluidas y empobrecidas.

El ELN tiene una propuesta de salida a la crisis y espera encontrarse con muchos en ella, para dejar atrás el gobierno de las élites, que hundieron al país en la profunda crisis en que se encuentra hoy.