Comunicado Asociación Pro-Defensa de la Vida y la Libertad "Micaela Bastidas"

Los familiares de los presos políticos acusados de pertenecer al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) agrupados en la Asociación Pro-Defensa de la Vida y la Libertad “Micaela Bastidas”, ante la opinión pública nacional e internacional, expresan lo siguiente:

1.- Durante la dictadura fujimorista, nuestros familiares fueron juzgados en procesos absolutamente viciados. En estos no se respetó el debido proceso, se consideró como prueba el atestado policial, la simple declaración de un arrepentido fue prueba suficiente para encarcelar, no se respetó la presunción de inocencia y sus procesos fueron absolutamente sumarios, entre otras anomalías procesales.

2.-Las leyes denominadas como antiterroristas, son inconstitucionales pues violan flagrantemente lo señalado en nuestra carta magna, además de ser promulgadas por decreto supremo de un gobierno dictatorial.

3.-Las penas desproporcionadas e injustas fueron consecuencia de la ilegalidad instalada. Cadena perpetua, treinta y veinticinco años fueron las penas comunes a todos los presos políticos sometidos a carcelería infame, en penales lejanos a nosotros como familia, en cárceles tumbas de exterminio, como la de la Base Naval del Callao, la de Yanamayo y Challapallca, donde permanecían encerrados las 24 horas del día y recibían visitas en los infames locutorios, que impedían el contacto directo con nosotros, entre otros abusos.

4.-A raíz de una acción de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional falló anulando todos los procesos llevados a cabo por tribunales militares y jueces sin rostro para iniciar nuevos juicios, sin embargo se mantuvieron intactas las leyes. En esta ocasión, el Tribunal Constitucional no cumplió su rol de hacer cumplir lo que emana nuestra Carta Magna.

5.-Estos nuevos procesos ya se están efectuando, y este lunes 6 de diciembre se llevará a cabo lo que popularmente se denomina el “megaproceso” o “megajuicio”. Estos procesos son de suma importancia, ya que el poder judicial tiene el reto de demostrar que puede actuar con independencia y sin presiones, aplicando lo que la leyes y la Constitución señala.

En consecuencia, frente a lo ya señalado, consideramos necesario y pertinente expresar lo siguiente:

– Los centros de reclusión como la cárcel tumba de la Base Naval del Callao, Yanamayo y Challapallca deben ser clausurados, por ser atentatorios contra la vida de nuestros familiares que allí se encuentran. Esta petición ha sido respaldada reiteradamente por diversas organizaciones de Derechos Humanos, tanto a nivel nacional como Internacional.

– Exigimos para nuestros familiares JUICIOS JUSTOS, que se les respete el debido proceso, que el atestado policial no sea considerado como prueba contra los procesados, que las declaraciones muchas veces sin fundamento de un arrepentido no sean utilizadas como prueba en los juicios. Estos elementos deben ser aplicados con imparcialidad y sin presiones.

– Las penas desproporcionadas como cadena perpetua, treinta y veinticinco años no tienen como fin sociabilizar al individuo, por el contrario busca aniquilarlo moralmente y físicamente. Es por ello que exigimos se les permita su incorporación en la sociedad, para que puedan integrarse a ella y recuperar su familia.

– Nuestros familiares se encuentran en prisión por razones políticas, por ello expresamos al pueblo que se valore el hecho de que ellos aspiraron a una sociedad mas humana, mas igualitaria, con dignidad y justicia para todos. Por ello consideramos que nuestra lucha es también justa y humana.

Lima Perú, Diciembre del 2004