Cuba, la cibercensura y la OEA

Hablar por teléfono celular, enviar correos electrónicos, leer noticias en internet, buscar datos en Google o Wikipedia e inventar amigos en Facebook son hábitos tan cotidianos en nuestras vidas que los vemos con naturalidad. Distinta sería esa valoración si viviéramos en Cuba, donde esas sencillas acciones están restringidas, vigiladas y penalizadas por el gobierno.

Cuba es el país del continente americano más restrictivo en materia de libertades. La falta de ellas es una realidad innegable por más justificaciones que se argumenten, así sean el derecho del gobierno a defender su soberanía, sus logros en materia de educación y salud, los altos costos tecnológicos o el embargo estadounidense.

La percepción general es que en Cuba los hostigados son sólo los periodistas que no trabajan en medios estatales o los disidentes que protestan en la vía pública. Sin embargo, un estudio divulgado este 1 de abril por Freedom House, una ONG que promociona las libertades civiles en el mundo, revela que, a la hora de las restricciones, las autoridades cubanas no discriminan a nadie, especialmente cuando se trata de comunicaciones a través de teléfonos celulares y de acceso a internet. Se describe a Cuba como el mayor censor del mundo, comparándola con China, Irán y Túnez, donde también se prohíbe, bloquea o filtra todo tipo de mensajes o encarcela a quienes los distribuyen sin la venia gubernamental.

El gobierno dice que existen 1.3 millones de internautas en el país, aunque no aclara que son sólo 240 mil personas las autorizadas a navegar el internet tal como se le conoce, entre ellos un grupo de académicos y miembros del partido comunista, privilegiados por el gobierno. El resto tiene acceso a una intranet local vigilada, con correo electrónico restringido, enciclopedia virtual propia, sitios educativos y medios de prensa locales, y entrada a páginas internacionales que no despotrican contra el régimen. Otro grupo, clandestino, se las ingenia para usar el internet en espacios reservados a extranjeros o en embajadas.

Cuba es uno de los pocos países con leyes y regulaciones que restringen la comunicación en línea, a pesar de que en abril de 2008 flexibilizó la venta de celulares y computadoras, hecho anunciado pomposamente a nivel internacional. Sin embargo, en noviembre pasado, el Ministerio de Informática y Telecomunicaciones decretó que los proveedores de internet deben ’’impedir el acceso a sitios cuyos contenidos sean contrarios al interés social, la moral y las buenas costumbres; así como el uso de aplicaciones que afecten la integridad o la seguridad del estado’’, disposición que legaliza la censura, obligando a que la ejecuten los propios distribuidores de servicios.

Quienes se atreven a desafiar las leyes, como el caso de los blogueros en aumento, pueden correr el riesgo que se les aplique la Ley para la Protección de la Seguridad Nacional y la Economía de Cuba, de 1999, la cual fue utilizada para encausar a 75 disidentes en la ’’primavera negra’’ de marzo de 2003, de los cuales 26 periodistas todavía purgan cárcel, por haber enviado e-mails cuyo contenido se consideró ``propaganda enemiga’’.

Los gobernantes siempre anteponen excusas cuando se les critica por sus restricciones a la libertad. El embargo estadounidense, argumentan, no les permite conectarse a un cable submarino por lo que deben utilizar un sistema oneroso de satélites chinos y venezolanos. Sin embargo, nadie está convencido de que el régimen permitirá el libre acceso a internet una vez conectado al cable acuático de fibra óptica que Venezuela tiene proyectado terminar para el 2010.

En estos tiempos, la cibercensura que aplica el gobierno cubano no se toleraría en ningún otro país de las Américas. Por ello cuesta creer que varios gobiernos latinoamericanos, sin pedir nada a cambio, planean solicitar en la próxima Cumbre de las Américas de Trinidad y Tobago que se incorpore a Cuba al concierto de naciones libres y que Estados Unidos reinicie plenas relaciones, desconociéndose la Carta Democrática de la OEA que impone la libertad de expresión como condición fundamental de los derechos humanos y la democracia.

Que Cuba entre a la OEA será una cosa muy buena. Pero debería haber algo a cambio. Además de exigírsele liberar a los presos políticos, se debería demandar que ningún cubano sufra represalias por hacer cosas tan simples como protestar, hablar por teléfono o navegar el internet.