Educación en México: la piedra en el zapato

Sistemas educativos y gobernanza
Educación en México: la piedra en el zapato
Por Rosana Lecay

“Este Estado necesario es una tarea pendiente.” Emilio Tenti Fanfani

Los estudios sobre gobernanza en el sector educativo son recientes y buscan indagar el impacto de los cambios socioeconómicos y políticos y de sus instituciones en las nuevas formas que toma el gobierno para representar y garantizar el logro de los objetivos que le propuso a sus votantes. Los cambios han sido enérgicos; sin embargo, hay sectores que se mantuvieron distantes de ellos. La educación se ha mantenido conceptualizada como un derecho de la sociedad y un servicio brindado por el Estado, como componente clave para asegurar un mejor nivel de vida y la adquisición de competencias que contribuyeran a la inserción en el mercado laboral para luego alcanzar la anhelada movilidad social. Por ello, la gobernanza en los sistemas educativos se convierte en una cuestión importante de los gobiernos, o sea, no sólo el contenido de la educación, sino cómo se determina ese contenido y como se realiza su monitoreo.

Para iniciar la revisión de estas cuestiones, es importante señalar que: 1) a pesar de las fuertes transformaciones sociales, económicas y políticas, el nivel educativo ha seguido creciendo; 2) que la mejora de cobertura y calidad de la educación requieren el planteamiento de cuestiones que superen los temas del financiamiento y el contenido y 3) que el Estado sigue siendo considerado como pilar fundamental del proceso educativo.

Gobernar este sistema implica sensibilizar a los actores que ellos son parte fundamental del logro de los objetivos y que se necesita la participación de todos: maestros, agremiados o no, padres de familia, alumnos, Estado y medios de comunicación.

De los sindicatos docentes se espera el desempeño de un papel muy importante de representación colectiva de sus intereses. Su presencia crece en la medida que sus integrantes se profesionalizan y se ponen a la altura de lo que la gobernanza y los ciudadanos exigen de sus servidores públicos. Su virtud es vincular la vida escolar con el mundo laboral y el resto de los sujetos sociales.

Sin estar organizados, padres de familia, alumnos y autoridades son igualmente determinantes del sistema porque tienen la voz de lo que ocurre al interior de la escuela. Sin embargo, es necesario darles criterio y sentido a sus acciones, reclamos y opiniones a través de estudios serios y del apoyo de profesionales para evitar aportaciones a la política educativa sin fundamentos sólidos y que su mensaje sea oportuno para la autoridad estatal. En el sistema educativo actual, padres de familia, alumnos y autoridades carecen de estructuras de representación, lo cual se agudiza con el deterioro social y económico que distrae sus intereses hacia cuestiones más prioritarias. Estos actores interactúan a nivel local, ya que por regiones, enfrentamos culturas políticas y sociales diferentes.

No debe minimizarse la importancia de los medios de comunicación para conducir la exposición pública de la situación educativa, misma que deber ser realizada con objetividad y responsabilidad para presentar y canalizar situaciones de denuncia evitando el protagonismo. (Feijoo, 2004).

El documento surgido de la VI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación de la OEI expresa que la legitimidad de un sistema educativo se basa en la confianza en la instituciones. El logro de esta confianza se funda en el consenso entre actores sociales y políticos sobre diversos aspectos:

– Contenido de la educación: lo que implica la determinación de un currículo “básico” de alcance nacional y con distinciones locales adecuadas.
– Determinación de los depositarios de la enseñanza: reafirmando el derecho a la educación, derivado del principio de igualdad y equidad.
– Determinación de formas de enseñanza: promoviendo la pedagogía y la participación activa de padres de familia, alumnos y profesores.
– Asignación de recursos: determinando buena administración y rendición de cuentas en la política de gasto y responsabilidad de los resultados.

La legitimidad del sistema exige que la gestión incorpore la demanda social de eficiencia, transparencia y democracia de lo público, garantizando la participación democrática y responsable y asegurando la provisión de recursos oportunos.

Las estrategias que permitan aumentar la eficiencia y la eficacia de los recursos se ponen en el centro del debate. Así lo deja ver el documento de la CEPAL (2004) “Financiamiento y gestión de la educación en América Latina y el Caribe”, el cual deja en claro que los resultados de la educación no se corresponden con el gasto asignado, lo que hace pensar que el resultado se vincula con la gestión del gasto.

El logro de la gobernanza en el sistema educativo es un gran reto para la democracia latinoamericana, y aún quedan en el aire las siguientes interrogantes:
– ¿Cómo promover la responsabilidad social sobre la educación?;
– ¿cómo elevar la participación de padres de familia y de las comunidades educativas?;
– ¿de qué forma introducir el concepto de rendición de cuentas como dispositivo de control?;
– ¿qué acciones generarían sistemas educativos gobernables, democráticos y que respondieran a las demandas sociales?
En la búsqueda de esas respuestas María del Carmen Feijoo (2004) señala;”..., legitimidad como producto colectivo parece ser la condición necesaria aunque no suficiente para recuperar la gobernabilidad con la dimensión de confianza que implica entre los actores.”

La misma autora propone algunas iniciativas que nos permitimos reseñar:
– Formación de cuadros democráticos de gestión y dirección a fin de insertarse en un modelo de ampliación de la democracia y la participación. Dado que los actores directos de este proceso educativo son los maestros, y que ellos reciben normas, recursos, innovaciones que deben implementar, deben estar involucrados en las decisiones de fondo del proceso educativo y no ser considerados como simples operadores de las mismas.
– Transformación de la burocracia educativa, convirtiendo su confrontación en alianza con el gobierno para alcanzar objetivos comunes previamente consensuados.
– Fortalecimiento del compromiso de todos los involucrados en el proceso educativo, generando espacios democráticos, redefiniendo intereses e identidades que forman el marco legal de la educación.
– Reorganización de procedimientos vigentes, aceptados y legitimados, imponiendo un orden democrático y conciliador de intereses pero definiendo claramente responsabilidades.

La educación en México sigue siendo la piedra en el zapato de los gobiernos. El cambio, el verdadero cambio, pasa por el ataque frontal a viejas estructuras y la superación de paradigmas. La tarea no es fácil, la sociedad mexicana debe responsabilizarse en este proceso. Los actores sociales, en particular los maestros organizados, deben aceptar el reto de transformar el sistema, con disposición a la renuncia de intereses muy arraigados, a veces, retroceder es avanzar. El compromiso, la responsabilidad y la formación deben ser la base de todo el proceso de cambio para que sea fructífero, duradero y sobre todo, verdadero.

Bibliografía

Feijoó, M. (2004) “Gestión para la gobernabilidad, gobernabilidad para la gestión” en Gobernabilidad de los sistemas educativos. IIPE-UNESCO.

CEPAL, (2004). Financiamiento y gestión de la educación en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile.

OEI. (1996).Declaración de Concepción. VI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación.

Conde, C. (2004). IX Congreso del CLAD sobre Reforma del Estado y de la Administración Pública, Madrid, España.

Von Haldenwang, C. (2005). Gobernanza sistémica y desarrollo en América Latina. Revista de la CEPAL 85. Abril 2005. www.eclac.cl (recuperado abril 2005)

Mayntz, R. (2001). “El Estado y la sociedad civil en la gobernanza moderna”. Revista del CLAD Reforma y Democracia. No.21.Caracas.