LOS PÁJAROS TIRÁNDOLE… A LA HISTORIA

LOS PÁJAROS TIRÁNDOLE… A LA HISTORIA

Por Nicolás Rodríguez Bautista, primer comandante del ELN.

El pasado 26 de Marzo después del evento en el que el Senado de la república discutió sobre Política sin violencia, el Comisionado de Paz sustentó “la importancia de señalar con precisión ética y vigor civil la frontera entre la política y el crimen”.

La primera independencia

La violencia aparece en Colombia, cuando los extranjeros pisaron su suelo hace más de 500 años, con el propósito de someter a sus nativos e imponer el saqueo de sus riquezas a través de la más infame invasión y dominación.

La respuesta popular a esa conducta de violencia y represión ha sido desde entonces satanizada. En aquel entonces se argumentaba que nadie podía desconocer al sacrosanto rey de España y luego de su derrota por el ejército Libertador, a nuestro pueblo se le ha negado el derecho de vivir libre y soberano, sin la mano criminal del imperialismo norteamericano.

Tristemente la clase adinerada, jamás ha tenido una postura de identidad con el pueblo, sino con el yugo extranjero. Su conducta ha tenido siempre el propósito de defender sus intereses y privilegios particulares, no los intereses de la nación, del pueblo y la sociedad.

Por lo anterior, la lucha popular en defensa de sus intereses por la paz, la soberanía, la democracia y la justicia, han encontrado de parte de la clase gobernante la violencia desmedida, que ha pasado por encima de las más elementales normas de conducta en este gravísimo conflicto, que existe exacerbado hasta nuestros días.

Lo que hizo el movimiento Comunero de 1781 fue rebelarse contra ese estado de imposiciones violentas y ante sus reclamos la respuesta fue el más criminal exterminio, por eso a sus dirigentes una vez convenido un acuerdo de paz, fraguado como traición por los amigos del rey, fueron cazados como fieras, descuartizados sus cuerpos y sus casas sembradas de sal, como escarnio y terror para sus seguidores.

¿Cuál fue señores gobernantes el final de Bolívar y de los más insignes dirigentes de la gesta libertadora? ¿Qué postura tuvieron los gobernantes de entonces contra ese movimiento insurrecto que buscaba para el pueblo la libertad y la independencia?

¿Por qué la oligarquía ha igualado los símbolos de Bolívar y Santander? Cuando el primero fue traicionado por el segundo para defender los intereses de los criollos, emparentados a la naciente potencia imperial del norte, a quien el Libertador de manera profética advirtió su futuro, como ruina de los pueblos.

La guerra civil llamada La Violencia

El heroico pueblo de Colombia ha resistido a las derrotas y de ellas se ha levantado con dignidad para buscar la paz, pero otra vez en cada gesta, la clase gobernante lo combate porque lo mira como su acérrimo enemigo, porque esa masa digna y sus dirigentes han querido y quieren la justicia para todos y Ustedes señores oligarcas, quieren los privilegios para Ustedes y sus amos extranjeros.

Por eso las fuerzas armadas estatales dispararon cobardemente contra los trabajadores desarmados, concentrados y confiados en un acuerdo por la justicia, el 6 de Diciembre de 1928, masacre estremecedora de miles de muertos, que sigue tristemente en la impunidad.

60 años después del asesinato de Gaitán, planeado y consumado por la Agencia Central de Inteligencia gringa, en asocio con la clase dirigente colombiana en el poder, se sigue pretendiendo esconder dicha responsabilidad en tan nefasto magnicidio, que está fresco aún en la memoria de los colombianos.

Por fortuna el pueblo no ha olvidado quiénes son sus verdugos, así la maquinaria de contra información montada por los gobernantes para que el pueblo olvide, marche a todo vapor.

Las guerrillas herederas de Gaitán

Quienes fundaron el ELN no encontraron en 1964, otra manera que el alzamiento en armas para defender las tesis Gaitanistas, que pretendió enterrar el llamado Frente Nacional.

Nos inspiramos en el socialismo, la unidad popular contra las maniobras de la oligarquía, la urgencia de reformas y en general, en la lucha por un país en democracia al servicio de las mayorías.

Por fortuna, fuimos acrisolando la formación política revolucionaria al lado de luchadores de la talla de Camilo Torres y tantos otros.

Sin embargo la respuesta oficial fue la receta satanizadora de la “infiltración comunista” dictada por los EEUU en pleno desarrollo de la guerra fría, que el ejército colombiano copió de los manuales gringos, enseñados en la siniestra escuela de Las Américas.

¿Con qué autoridad moral un representante del gobierno pretende sentar cátedra para “señalar con precisión ética y vigor civil la frontera entre la política y el crimen”? Después del asesinato de Gaitán el 9 de Abril de 1948, cuando la oligarquía fundida en un pacto elitista de gobernabilidad, borró de un plumazo impune su responsabilidad sobre una tragedia de más de 350 mil muertos y un millón de desplazados, todos de origen popular.

Continúa el genocidio a la oposición

Cuál ética y vigor civil esgrime Luís Carlos Restrepo en el reciente evento del Senado, cuando sólo de una organización política como la Unión Patriótica, en la década de los años 80, fueron asesinados por fuerzas estatales y paraestatales, más de 6 mil de sus miembros.

Los paramilitares azotan ciudades y campos asesinando a los contradictores políticos, sin que nadie pueda negar que ello es fruto de una política regida con frialdad desde el Palacio de Nariño y en los cuarteles de las Fuerzas Armadas del Estado, por esto no puede sonar más demagógica y cínica la postura del Comisionado Restrepo.

Mientras quienes gobiernan a Colombia desde hace más de cinco siglos, no se dispongan a respetar la paz que el pueblo ha reclamado desde entonces, para que se establezca la justicia social, al pueblo no le queda otra alternativa que seguir resistiendo como lo ha hecho hasta hoy.

La ética y el crimen en Uribe

Los nexos de Uribe Vélez con el narcotráfico, su empeño en legalizar los grupos paramilitares siendo gobernador de Antioquia, su favorecimiento impune de reconocidos autores intelectuales del paramilitarismo, sus esfuerzos por darle estatus político a los paramilitares luego de su legalización, demuestran el cinismo y demagogia de su Comisionado de Paz, cuando afirma que “la política y la violencia deben estar radicalmente separadas”.

Es aleccionador para este análisis, que se haya congelado por los mismos Estados Unidos, el TLC clamado por el más fiel súbdito del gobierno de Bush desde la casa de Nariño. Justamente se congela debido a los crímenes extrajudiciales, cometidos por el gobierno de Uribe contra los trabajadores colombianos.

La vía de la paz

Estamos de acuerdo con quienes consideran que la guerra no es la salida y que es urgente la búsqueda de una salida política al conflicto, pero es muy importante precisar que en esa dirección, la clase gobernante no puede seguir ensanchando la carretera de la guerra con el llamado Plan Colombia y el Plan Patriota.

Que no se puede seguir asumiendo el triste papel de Cabeza de Playa, para agredir a los pueblos hermanos, con el pretexto de “combatir el terrorismo”.

Que se reconozca claramente la existencia de un grave conflicto social y armado, que tiene al país sumido en la más profunda crisis de su historia.

Que no se cohoneste con el delito y se asuma una política consecuente de justicia ejemplar, con quienes desde las esferas gubernamentales y estatales son responsables de crímenes de guerra, en su condición de autores intelectuales del paramilitarismo.

Que no se legisle para la guerra sino para la paz y se reconozca que las diferentes expresiones de lucha y resistencia popular se legitiman en la misma realidad histórica de Colombia.

Señores de la clase gobernante, cuando Ustedes tengan el valor de reconocer esta visión que no es sólo la de la insurgencia, habrá llegado el momento para que la política y la violencia estén radicalmente separadas.

Rectificar no es capitular

El ELN nunca ha negado que ha cometido serios errores, en el desarrollo de la lucha en estos 44 años de existencia.

Hemos afectado al pueblo con conductas autoritarias, hemos afectado sectores medios y nuestros esfuerzos se encaminan en la superación radical de tales extravíos.

No siempre hemos acertado en la apreciación correcta de los momentos y ello nos ha llevado a privarnos de contar con más fuerzas para la lucha popular revolucionaria.

Más que detallar errores y falencias queremos reiterar, que no ignoramos nuestras limitaciones y errores, los que de manera constante nos proponemos rectificar.

Por último, es necesario dejar claro que corregir errores no es renunciar al compromiso de persistir en la lucha, seguiremos alzados en armas dentro de los postulados que nos dieron origen como respuesta a la violencia contra el pueblo.

Mientras hacemos valer este derecho de legítima resistencia, dedicamos parte importante de nuestros esfuerzos, por encontrar una salida política al conflicto, sin renunciar a nuestra esencia insurgente y seguimos abiertos a una discusión profunda, con todos los interesados en la superación del grave conflicto social y armado que padece Colombia.

DEMOCRACIA DE PAPEL Y TERRORISMO DE ESTADO

La oligarquía y sus gobiernos pregonan las bondades de la democracia colombiana, afirmando que es la más antigua y sólida del continente. Y Uribe Vélez complementa esta gran mentira hablando de tolerancia y respeto, de su gobierno, por la oposición.

Pero la tal democracia está reducida al ejercicio electoral dentro de un sistema corrupto y mafioso que compra y cambia votos, que presiona, amenaza y asesina a los opositores; que tiene 26 congresistas presos por asociación para delinquir, y más de 60 investigados por sus vínculos con el narcoparamilitarismo. Pertenecientes casi todos al partido del Presidente Uribe.

La democracia existe para los dueños del poder, que cuentan con los mecanismos para mantener el timón y salvaguardar sus intereses, mientras para el pueblo existe restricción de los medios para ejercer la participación y control sobre las grandes decisiones que toman los poderes públicos y afectan el país.

En esta democracia de las élites la oposición política es reprimida, eliminada físicamente por los esbirros del Estado terrorista, penalizada y estigmatizada para ilegitimarla ante la opinión pública.

La historia del conflicto interno es reflejo crítico de la democracia colombiana; sus raíces crecen y se alimentan debido a la ausencia de ésta. Las ocho guerras civiles y más de cincuenta levantamientos armados durante el siglo XIX y los últimos sesenta años del actual conflicto, son la prueba irrefutable.

Es ‘cantinflezco’ escuchar al Presidente Uribe y a su gobierno hablar de democracia, tolerancia y respeto por la oposición política. Ellos no tienen autoridad moral, pues los hechos hablan en contravía de tales afirmaciones.

Últimamente, cuando las víctimas del terrorismo de Estado y el narcoparamilitarismo se atrevieron valientemente a movilizarse en homenaje a las víctimas y por el acuerdo humanitario, la voz del gobierno se hizo sentir a través del Asesor Presidencial José Obdulio Gaviria, condenando la marcha del 6 de marzo y señalando que estaba organizada por la guerrilla.

A pesar de este señalamiento que se convierte en una amenaza contra la vida de los organizadores, las marchas fueron multitudinarias. En Colombia se marchó en 24 ciudades y en 78 de otros países.

Como era de esperarse, el señalamiento del Asesor Presidencial fue acogido por las Águilas Negras, el grupo paramilitar encargado de las tareas de guerra sucia; éstas en comunicado difundido después de la marcha, declaran objetivo militar a sus organizadores y plantean que actúan con “apoyo y la tolerancia del Estado y la ciudadanía en general”.

Son muchos los amenazados y seis los organizadores asesinados, hasta la fecha. Estos hechos dejan en claro que en Colombia no hay garantías para el ejercicio de la oposición y menos para que las víctimas del terrorismo de Estado reclamen el derecho a conocer la verdad, se haga justicia y haya reparación.

El país requiere de cambios y profundas transformaciones económicas, políticas y sociales, para que en una nueva Colombia pueda haber paz. Mientras que esos cambios no se produzcan, seguirán siendo un gran obstáculo para lograrla. Porque la paz no se puede reducir a la desactivación del movimiento guerrillero solamente, que es lo que pretende la oligarquía en el poder.

Mientras que esos cambios no se den, es iluso pensar que el pueblo renuncie al legítimo derecho a la resistencia, a levantarse en armas para luchar contra la tiranía que restringe la democracia, asesina la oposición y acumula riqueza a costa de la injusticia social.

El ELN se siente comprometido con el pueblo y lucha por un nuevo orden social. Si la oligarquía no permite los espacios civiles para propender por los cambios, nadie tiene el derecho a exigirle que renuncie a las distintas formas de lucha, entre ellas la armada, para propiciar los cambios que se requieren y que la clase en el poder se niega a permitir.