La CPCP solicita medidas de protección para los líderes del Curvaradó (Colombia)

Carta de la Coordinadora Popular Colombiana en París
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Carta a FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República de Colombia
Bogotá (Colombia)

Señor Santos:

Con el ánimo de contribuir a la protección de los derechos de las personas más vulnerables de su país, nos dirigimos a usted para expresarle nuestra gran preocupación por los hechos sucedidos el día 17 septiembre en Belén de Bajirá. Nuestra entidad agrupa a diversas organizaciones Francesas que respaldan a comunidades de desplazados en procesos de retorno como las de Caño Manso y Curvaradó, que se encuentran en las Zonas Humanitarias y que mantienen interlocución con el Gobierno Francés sobre la situación de violación a los derechos Humanos y a la devolución de sus tierras.

Hemos sido informados del atentado sufrido en la noche de 17 de septiembre en Belén de Bajirá contra MIGUEL HOYOS y UALBERTO HOYOS, reconocidos líderes de las comunidades de Caño Manso y Curvaradó, testigos en procesos judiciales por la apropiación de sus Tierras en la región y por el crimen de ORLANDO VALENCIA, perpetrado en octubre de 2005.

Según testigos presénciales, un afrocolombiano vestido de civil y con un revólver en su cinto, se presentó en la casa de los hermanos Hoyos y procedió a disparar contra ellos. Ambos recibieron dos tiros en el tórax y actualmente se encuentran en el hospital de Apartadó.

Nos han asegurado que poco después del criminal atentado responsables de su Gobierno fueron informados de los hechos y se solicitó la protección de los heridos para evitar que sean atacados de nuevo, petición que reiteramos a usted desde Francia.

A los miembros de nuestras organizaciones nos llena de inquietud que el atentado se cometiera enfrente de la casa de ENRIQUE PETRO, que debe mantener una protección perimetral debido a las amenazas que esta persona ha recibido por parte de los grupos paramilitares “Águilas Negras”. Las medidas de seguridad de ENRIQUE PETRO como de MIGUEL HOYOS y de otros líderes comunitarios como Serafín Orozco y Eugenio Núñez y ahora Ualberto Hoyos deben ser reforzadas en virtud de los mecanismos de protección de testigos contemplados en su beneficio por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, actualmente no sólo son vulnerables a estos ataques sino que precisamente son agredidos por pretender colaborar con la justicia y por defender los derechos de las personas desplazadas.

El sicario que disparó contra los hermanos Hoyos fue visto ese día por los pobladores de Belén de Bajirá con una persona de nombre Gustavo conocido como “El Secretario”, de quien se dice que es ganadero vinculado con los paramilitares que ocupan las haciendas Alejandra I y Alejandra II usurpadas en 1997 en Caño Manso tras obligar a los pobladores al destierro forzado. En agosto de 2007, hemos sabido como las 80 personas que decidieron regresar al caserío de Caño Manso, del que fueron desplazadas forzadamente, constataron que sus predios se habían transformado en una gran hacienda con el nombre de Villa Alejandra II. El proceso de retorno fue liderado, entre otros, por Miguel y Ualberto Hoyos. Hace unos días, uno de los ranchos que los pobladores habían logrado construir al regresar fue quemado por trabajadores al servicio de los usurpadores.

Nos hemos enterado que funcionarios de su Gobierno desconocen a los legítimos dueños de esas tierras y, por el contrario, respaldan a los repobladores agrupados en ASPROBEBA quienes, según varias denuncias, fueron traídos hasta la zona por los mismos paramilitares que provocaron el éxodo. Una de las propiedades usurpadas mediante la violencia pertenece a la de la familia Domicó, la que pretendió ser legalizada mediante mecanismos fraudulentos a Sor Teresa Gómez (familiar de los Castaño Gil) y quién se encuentra vinculada en el crimen de Yolanda Izquierdo; esta propiedad fue transferida con posterioridad a ASOPROBEBA.

Por todo lo expuesto, le solicitamos:

– Una actuación rápida y eficaz que acabe con las estructuras paramilitares que operan en Nuevo Oriente, Mutatá, Pavarandocito, Belén de Bajirá, Playa Roja, Riosucio, Caño Manso, lugares que la inteligencia militar y policial conoce y donde se diseñan y se ordenan estos atentados. Numerosos informes indican que estos sitios constituyen los lugares de operación
empresarial para la legalización de la usurpación violenta de los territorios, la implementación de agronegocios como la palma aceitera y la extensión ganadera y el procesamiento de la coca para uso ilícito.

– Que se asigne con urgencia medios y mecanismos exigidos para la protección de testigos de los crímenes perpetrados por los grupos armados

– También que se establezca un grupo de fiscales que asuma el conjunto de las investigaciones contra los líderes de las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó acusados falsamente de ser responsable de crímenes como asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamiento.

– Y la agilización de las actuaciones investigativas del proceso 3856 adelantado por la Unidad de Derechos Humanos respecto a la responsabilidad empresarial, paramilitar en la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, apropiación ilegal de tierras, daños ambientales.

Con la adopción efectiva de estas medidas creemos que el Gobierno Colombiano podrá demostrar a la comunidad internacional que asume su responsabilidad en la defensa de los derechos humanos de la población civil.

Atentamente

COORDINADORA POPULAR COLOMBIANA EN PARIS – Francia