Plata en mala compañia

En los últimos tiempos han abundado informaciones sobre la corrupción en las filas de la mafia cubano-americana de Miami. Sorpresa no causa, más bien se reafirman los postulados sobre el asunto que desde La Habana se han hecho durante largo tiempo.
Para empezar tenemos la reciente investigación del Congreso norteamericano la cual detallaba las irregularidades que están sucediendo con los fondos dedicados por el gobierno yanqui para desestabilizar a Cuba.
A decir verdad las malversaciones de cubano-americanos extremistas es únicamente un acercamiento al conflicto. Lo principal es una política bravucona por parte de los gobiernos de Estados Unidos que incluyen desarrollar el bloqueo contra la Isla, el cual en cuatro décadas ha costado a Cuba 86 mil 108 millones de dólares, según deducciones moderadas. A estas alturas, el cerco es repudiado a escala internacional en la Asamblea de la ONU, donde por quince años consecutivos los países miembros lo han rechazado pese a las presiones estadounidenses. En este último año la cifra ascendió a 183 naciones. Y a pesar de ello, los legisladores en Washington no se han puesto todavía de acuerdo para acabar con esa política ilegal y escandalosa de asedio y de que un gobierno emplee fondos para derrocar a otro, simplemente porque no cumple con el diseño de democracia que quiere implantar los Estados Unidos..
Pero volviendo a la fiscalización realizada por la Oficina dedicada a estas actividades y brazo investigativo del Congreso, conocida con las siglas en inglés de GAO, revelaron que con dinero del denominado Fondo para la Democracia en Cuba de la Agencia Para el Desarrollo (USAID), una entidad federal, han sido destinados para adquisiciones de productos suntuarios por funcionarios cubano-americanos de ese programa. Luego, dicen, fueron enviados a Cuba para los grupúsculos contrarrevolucionarios y distribuidos, según el propio informe, por diplomáticos estadounidenses.
“Las conclusiones son, como mínimo, perturbadoras”, expresaron un par de legisladores, el republicano por Arizona Jeff Flake y el demócrata por Massachussets William Delahunt, quienes solicitaron la pesquisa a la GAO. Ambos han presentado proyectos de ley proclives a cambiar las políticas actuales preconizadas por W. Bush y defendidas en el Capitolio por congresistas de la ultraderecha cubano-americano. Delahunt declaró que el Congreso ahora con mayoría demócrata escuchará a partir de enero de 2007 mociones destinadas a conseguir en principio el relajamiento de prohibiciones de viajes de norteamericanos a la Isla.
Se calcula que los gastos para el Plan Bush contra Cuba son de más de 73 millones de dólares desde 1996. En el 2004, al darlo a conocer, recomendaron 36 millones de dólares a la USAID y otras agencias afines para su labor sucia, y en julio de 2006, decidieron ampliar esa aberración anexionista concediendo 80 millones de dólares adicionales durante un periodo de 24 meses y 20 millones anuales hasta que cayera el gobierno socialista.
Estas cifras, por supuesto, la aportan los contribuyentes estadounidenses, que al final están ignorantes de cómo se emplea el dinero que ellos están obligados a contribuir para el mantenimiento de su estado y programas sociales que los beneficien. Si supieran para qué fines desvían sus aportes.
Cabe recordar lo dicho por un duro crítico de la política norteamericana hacia La Habana, Philip Peters, del Lexington Institute, en Arlington, Virginia, al declarar que “Durante mucho tiempo este programa ha tenido la reputación de ser políticamente efectivo en Miami, tener poco impacto en Cuba y estar deficientemente administrado”. Vaya que es un secreto a gritos.
Corrupción por entregas
Junto a la anterior pesquisa está otra malversación que alarma a parlamentarios y ciudadanos en ese país, por los usos ilegales de los cuantiosos fondos oficiales que se dedican anualmente por el gobierno estadounidense contra Cuba, y que gran parte rellena los bolsillos de unos cuantos malandrines amamantados en el imperio y con disfraz de luchadores de causas democráticas que siguen haciendo fechorías.
Como la protagonizada por José Miranda, ex director de programación de Televisión Martí, una emisora creada en 1995 durante el gobierno de Ronald Reagan con el propósito de promover el derrocamiento del gobierno cubano, pero que nunca se ha visto en la Isla debido a una muy eficaz neutralización técnica que aplican las autoridades cubanas, debido a que las trasmisiones son totalmente ilegales y violan pactos de comunicaciones internacionales. No obstante, los yanquis insisten en mantenerla, recientemente fue adquirido por 10 millones de dólares un segundo avión para ampliar las transmisiones, y que tampoco ha surtido el efecto deseado porque continúan siendo invisibles en la Isla.
Pues Miranda, fue acusado de fraude fiscal y conflicto de intereses. El ex funcionario elaboraba informes adulterados para el gobierno y así tapaba el desvío de las entradas monetarias oficiales hacia sus arcas personales.
Una información publicada en el diario local El Nuevo Herald aportaba más datos sobre el procesado quien "participó personalmente en numerosas ocasiones, como funcionario del gobierno y empleado con facultades en la toma de decisiones, en la aprobación de asuntos particulares en los que él tenía un interés financiero. La acusación alega específicamente que Miranda recibió personalmente más de 100 mil dólares de una compañía que venía realizando negocios con el canal anticubano".
Pero como los malos duermen bien ya salió bajo fianza y el trato durante el tiempo que estuvo en la cárcel fue especial.
Si Miranda, cuando le celebren el juicio, es declarado culpable, deberá afrontar penas máximas de hasta cinco años de cárcel por cada cargo. Sin embargo, existen muchas dudas de que sean rigurosos en la sentencia, dadas las presiones que ejercen los de la mafia miamense.
Aún queda más, en septiembre de 2006 hubo otro sonado escándalo relacionado con estos grupos reaccionarios, al descubrirse que cerca de 50 periodistas de la Florida recibían pagos del gobierno de Estados Unidos para que se dedicaran a detractar al estado cubano. Los periodistas implicados fueron despedidos de los medios de difusión en que trabajaban, pero a algunos los reintegraron a sus cargos a causa de la presión ejercida por la extrema derecha cubana de Miami. Entre los restituidos a sus empleos estaban tres del rotativo El Nuevo Herald. Un ejemplo fehaciente de lo que es llamado “prensa libre” en Estados Unidos.
A la luz de estas ideas y situaciones se corrobora que los que se han dedicado a la industria anti-cubana en Miami, en su mayoría han llenado sus bolsillos y los siguen llenando. Qué se puede esperar en yanquilandia donde la corrupción no es novedad, al fin y al cabo, como no hay maternidad sin padre, es lógico que se cumpla el viejo refrán de tal palo tal astilla.