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Uruguay: Autorizan excavaciones en unidad militar
Publie le Miércoles 3 de diciembre de 2008 par Open-PublishingAutorizan excavaciones en unidad militar
El Poder Ejecutivo autorizó a la Justicia a investigar la denuncia presentada por el abogado Oscar López Goldaracena sobre la eventual existencia de lugares de enterramiento clandestino en el predio de la Brigada de Artillería Antiaérea Nº 1, al excluir la causa del amparo de la Ley de Caducidad.
El juez Huberto Alvarez recibió la denuncia y elevó los antecedentes al Poder Ejecutivo, con vistas a definir si el tema se encontraba amparado en la Ley Nº 15.848, Ley de Caducidad. La resolución del Ejecutivo de excluir el caso del amparo de la Ley y su posterior notificación al Juzgado, implicó que Alvarez comenzara a instrumentar las primeras diligencias en la causa.
En este sentido, el juez dispuso la citación del jefe del Equipo de Antropología Forense, José Luis López Mazz, con vistas a ampliar la indagatoria en relación al croquis. El antropólogo fue citado "para mediados de diciembre", indicaron fuentes judiciales.
La denuncia se sustentó en un croquis anónimo que reveló "posibles lugares de enterramiento clandestino". Los restos podrían "corresponder a víctimas de desaparición forzada durante la pasada dictadura cívico-militar", entre ellos "desaparecidos en Argentina trasladados clandestinamente hacia Uruguay", indica el escrito. La Brigada de Artillería Antiaérea Nº 1 se encuentra en Empalme Olmos, Ruta 34, kilómetro 42,5. El croquis "marca con cruces o asteriscos" posibles lugares de enterramiento clandestino "ubicados a los fondos del predio militar, (...) no pudiendo precisar si dichos lugares se encuentran dentro o fuera del predio mencionado", dice.
Ley de Caducidad
En tanto, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, se apresta a firmar la exclusión de la muerte del militante comunista Ramón Peré del amparo de la Ley de Caducidad, indicaron fuentes de la investigación.
Ramón Peré era estudiante de la Facultad de Veterinaria y fue asesinado por dos personas de civil durante la huelga general de 1973.
La denuncia "contra los mandos civiles y militares de la época" es tramitada por el juez penal de 3º Turno, Sergio Torres, y el fiscal Ricardo Perciballe.