Funcionarios del DAS borraron antecedentes de paramilitares y extraditables

Quitaron de la base de datos la orden de captura de un hombre cercano a Hernán Giraldo, jefe paramilitar de Santa Marta.

Uno de los funcionarios implicados es Rafael García Torres, jefe de Informática. Tenía bajo su resposabilidad el manejo de la información sobre órdenes de captura, antecedentes de todos los ciudadanos y movimientos migratorios.

García Torres era considerado un funcionario de plena confianza de los directivos de la institución. Incluso, le pedían su concepto profesional y sobre estos realizaban millonarias inversiones en tecnología.

Fue llevado a la institución por el actual director, Jorge Noguera Cote. "Estudiaron juntos, era su amigo", manifestó una persona cercana al caso.

García, oriundo de Santa Marta, fue capturado la noche del miércoles 29 de enero y desde entonces permanece recluido en las instalaciones del DAS, en el cuarto piso, uno arriba de donde quedaba su oficina.

Investigadores de la institución recaudaron con paciencia durante cuatro meses pruebas que -en su criterio- indican que García Torres y dos de sus subalternos borraron del sistema las órdenes de captura, con fines de extradición, de cuatro colombianos y, de paso, cambiaron la identidad de algunos de ellos (reemplazándolos por nombres de mujeres) y modificaron movimientos migratorios de otras personas.

Altas fuentes del Gobierno le confirmaron a EL TIEMPO estos hechos. El DAS la ha guardado esta información con recelo para continuar con la investigación, así como la identidad de los beneficiados con la singular ’limpieza’.

Se trata de los extraditables Hugo Fenel Bernal Molano, Néstor Ramón Caro Chaparro, Mario Fernando Camacho Martínez y Nodier Giraldo Giraldo. Los cuatro son solicitados por cortes federales de Estados Unidos por narcotráfico o lavado de activos.

Sobre este último, se indaga su relación con el jefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, también extraditable, cuya área de influencia es Santa Marta.

¿Cómo cayeron?

La investigación se inició hace tres meses cuando el equipo de contrainteligencia del DAS -encargado de vigilar la conducta de sus propios compañeros- detectó pequeñas alteraciones en la base de datos a cargo de la oficina de García Torres.

Al principio, fue el cambio de un par de números o de letras en las cédulas y nombres de personas con antecedentes judiciales.

Pero las sutiles variaciones eran suficientes para ocultar los prontuarios cuando algún funcionario requería consultarlos desde cualquier terminal informática del país por petición de la Fiscalía, de la Policía y hasta de la Embajada de E.U.

Ante la evidencia, el sábado 11 de diciembre le solicitaron audiencia al director del organismo, Jorge Noguera Cote.

Ese mismo día, Noguera dio la orden de llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación, se abstuvo de declarar insubsistente a los presuntos implicados para que se les pudieran hacer seguimientos e incluso autorizó la compra de equipos para rastreo informático.

Con nombre de mujer

A partir de ese momento asumió la investigación la Unidad de Delitos Informáticos del DAS, respaldada por fiscales especializados, y fueron ellos quienes completaron las pruebas del caso.

Hay interceptaciones de correos electrónicos entre funcionarios de la oficina de informática. En ellos se dan instrucciones sobre los cambios en los prontuarios y hay un oficio con estos mismos nombres que fue encontrado en el maletín personal de García Torres.

También figuran pruebas técnicas de las alteraciones a las bases de datos como, por ejemplo, el cambio de nombre del extraditable Néstor Ramón Caro Chaparro, quien ahora figura como María Quinta Pérez.

A otro extraditable, Mario Fernando Camacho Martínez, lo ’rebautizaron’ como Rosario Roberto Marie.

Así mismo, se recuperaron los 38 movimientos migratorios (entre Bogotá y Nueva York) del extraditable Hugo Fenel Bernal, que habían sido borrados o trasladados a tres ciudadanos ajenos a estos hechos y cuyos nombre EL TIEMPO omite por razones de seguridad.

En la misma operación se hallaron varias inversiones en Santa Marta a nombre de García Torres, realizadas en los dos últimos años. Entre otras, figuran dos restaurantes -uno de ellos de comida rápida- y varios apartamentos. Tendrá que justificar pues su salario era de 4 millones de pesos.

Y se le encontró un cheque por 30 millones de pesos, girado por una empresa del área tecnológica con la que el DAS realizó un millonario contrato luego de que García Torres y su equipo dieran un concepto favorable.

"Las pruebas son tan contundentes que el miércoles le dictaron la orden de captura, el sábado lo escucharon en indagatoria y ese mismo día la Fiscalía le dictó medida de aseguramiento. Los mejores detectives se encargaron del caso e incluso el director Noguera ayudó con el rastreo", señaló la fuente oficial.

Además del ex directivo del DAS, que ya se declaró inocente, hay otros dos presuntos implicados en el caso: Ariel Garzón (capturado) y Ricardo Cantillo (prófugo). Los tres enfrentan cargos por enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y falsedad en documento público.

Cantillo pidió licencia desde el pasado 29 de diciembre tras asegurar que es un enfermo terminal y que tan solo tiene dos meses de vida. Hoy nadie conoce su paradero.