Borrar y borrar

Por Alfredo Molano Bravo

Las guerras civiles en Colombia, desde la de Independencia hasta la civil no declarada del Cincuenta, que aun continua, no han sido solo el “crisol donde se formó la nacionalidad” sino también el origen de tradiciones jurídicas hasta hoy muy respetables como el delito político.

Resulta que en todas esas guerras, las mandaban generales, que solían ser grandes hacendados, y sus peones como soldados ponían los muertos. También los comerciantes y usureros le metían el hombro, con más calculo, por supuesto. Todas, sin excepción eran azuzadas por políticos y frailes. El partido que ganaba la contienda redactaba una nueva constitución que regía hasta la siguiente guerra. Los jefes eran amnistiados sin excepción así le hubieran mochado la cabeza a los peones del otro bando, “requisado” regiones enteras, decretado impuestos obligatorios a sus contrarios, fusilado sin formula de juicio, secuestrado, o robado iglesias-, y sus delitos considerados conexos con la causa superior que era la rebelión política. El delito político era pues una especie de cláusula de garantía para las elites guerreantes.

El asesinato de Gaitan cambio las reglas de las guerras civiles. La plebe alzada en armas- apoyada de corazón por los prohombres del liberalismo y combatida a muerte por los conservadores- fue pronto abandonada a su suerte. La guerra civil irregular, llamada La Violencia, encontró un nuevo campo de discordia: las reivindicaciones sociales. Desde ese momento, el concepto de delito político comienza a bambolearse. La frontera entre los bandos ya no era vertical sino horizontal. En los años 90 la Corte Constitucional abrió un boquete determinante al declarar -a instancias del General Bedoya y sus generales- que el homicidio en combate no era conexo con la rebelión. Se modifico así el artículo 127 del Código Penal redactado un siglo antes.

En 1998 -aniversario del asesinato de Gaitan- Luis Carlos Restrepo, un intelectual con éxito editorial -un poco florido para muchos- disparó su trabuco: el origen de la violencia contemporánea en Colombia era la memoria de la sangre derramada. Hay que enterrar a los muertos -afirmó- para que no continúen gobernando y montarlos en “cometas para contagiarlos de la liviandad del viento”. La propuesta concreta era borrar a víctimas y victimarios de la memoria colectiva, sin darse cuenta que esa elusión era precisamente una de la causas de la mecánica bélica. El mismo lo escribe como si estuviera hablando de los paracos de hoy: “la violencia que vivimos es el producto de la acumulación y sedimentación de muchas guerras inconclusas y prolongadas, que terminaron legitimando el asesinato como forma de dirimir conflictos vecinales, políticos, económicos y hasta amorosos”. Pero no se enteró de su contradicción. Hoy siendo Comisionado de Paz con los paramilitares, ofrece la misma fórmula que criticó: legitimar las masacres y convertir el narcotráfico en delito conexo de la sedición.

No es pues improvisada la receta; tiene una larga trayectoria y así mismo un límite: el delito político será abolido de la Constitución una vez se haya firmado la paz con los paramilitares. En otras palabras y tal como van las cosas, los guerrilleros serán consideradas a partir de ese instante delincuentes comunes y no los cobijarían el proyecto que el Congreso está a punto de convertir en ley. ¿Borró ya el Sr. Comisionado de sus obras completas la frase en que calificó a las FARC como “ejércitos populares”? La intención de abolir el delito político fue formulada esta semana a media lengua por el Presidente porque supone otra nueva reforma constitucional, que podría servir de mascaron de proa de una nueva mutilación de las libertades publicas. El escenario ha sido preparado por intelectuales de alto vuelo: Monsieur Daniel Pecaut -el investigador itinerante- viene afirmando que en Colombia no hay guerra civil sino guerra contra los civiles; el señor Savater califica de legítimos solo los crímenes de ETA durante la dictadura de Franco. Esta reflexiones inspiraron sin duda a José Obdulio Gaviria a soplarle al Presidente la tesis de que los delitos políticos no tienen cabida en una “democracia profunda” como la que será decretada en el país una vez los jefes paramilitares de Ralito se vayan para sus haciendas a disfrutar de sus narcofortunas.

La impunidad cantada que merodea la ley llamada de Justicia y Paz no puede ser explicada sino sobre la hipótesis de que altos miembros del gobierno, muchos congresistas, muchos más hacendados y muchísimos militares están secuestrados por los paramilitares que amenazan con prender un ventilador gigantesco. Es mejor borrar, borrar y borrar.