El proceso de “La Chinita” fue una farsa

Por Hernando López
Semanario Voz
29 de junio de 2005

En trascendental fallo de casación, revelado el lunes 20 de junio pasado, la Corte Suprema de Justicia decidió declarar la nulidad del proceso de “La Chinita” contra dirigentes y militantes del Partido Comunista y la Unión Patriótica en Urabá, después de doce años.

El texto de la sentencia, cuyo ponente es el magistrado Álvaro Orlando Pérez Pinzón, hace un serio enjuiciamiento de la acusación de la Fiscalía General de la Nación y de la entonces llamada justicia sin rostro. Hace doce años, el Partido Comunista Colombiano denunció ante el fiscal Gustavo de Greiff, las mismas irregularidades que hoy son cuestionadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El funcionario desestimó los reclamos.

La Corte critica el hecho de que la Fiscalía Regional se encontrara ubicada en las instalaciones de la XVII Brigada del Ejército en Carepa, “con indudable peligro para la autonomía e imparcialidad de lo funcionarios judiciales, para el derecho humano que tiene el ciudadano a que su ‘juez’ sea plenamente independiente y también para la transparencia que tiene que regir a la recta administración de la justicia”.

Las irregularidades

De las 44 indagatorias recibidas por las Fiscalía Regional en Carepa y Apartadó, sólo 20 fueron asistidas por profesionales del derecho. El descaro de la Fiscalía fue tal, que permitió a Éver Enrique Ortega Galván (informante del Ejército y de la Fiscalía), testigo en contra de los sindicados, asistiera de oficio, a designación del fiscal, algunas indagatorias. Los abogados tuvieron todo tipo de obstáculos para la defensa, así como limitaciones para el ingreso a las instalaciones de la XVII Brigada. Los cuadernillos secretos, reservados de manera exclusiva para la acusación, le impidieron al sindicado y a su abogado conocer las pruebas para controvertirlas.

El proceso de “La Chinita” se adelantó bajo la modalidad, ya desaparecida, de la justicia secreta, con jueces sin rostro, pruebas secretas y testigos secretos, muchas veces clonados para aparentar varios testimonios. La presión militar y del gobierno departamental, a la sazón regentados por Rito Alejo del Río y Álvaro Uribe Vélez, fue evidente desde el comienzo.

El Plan Retorno

Este proceso se instauró en Urabá, en pleno desarrollo del plan de exterminio del Partido Comunista y la Unión Patriótica. El 23 de enero de 1994, un grupo armado acribilló a 35 personas en el barrio “La Chinita”, habitado por reinsertados del EPL. De forma apresurada y y sin que hubiera comenzando la investigación, la XVII Brigada, los empresarios del banano y autoridades departamentales, le atribuyeron la masacre al Partido Comunista. En particular a Nelson Campo Núñez, alcalde de Apartadó, José Antonio López Bula, candidato a la Cámara por la Unión Patriótica, Mercedes Úsuga, Gustavo Arcia y Nahún Orrego, entre otros. Fueron casi 60 militantes comunistas los vinculados al proceso.

En el transcurso algunos fueron dejados en libertad como López Bula que debió abandonar el país y Albeiro Bustamante, asesinado pocos días después de salir de la cárcel. Dos abogados de los sindicados, Eduardo Umaña Mendoza y José María Valle, fueron asesinados.

El proceso jurídico hizo parte del Plan Retorno para sacar al Partido Comunista y a la Unión Patriótica de la región, de influencia mayoritaria en el sindicato bananero, enorme presencia cívica y principal fuerza electoral, hasta el punto que gobernó cuatro de los municipios del eje bananero. Mediante este criminal plan, con participación de los reinsertados del EPL, la XVII Brigada, empresarios bananeros, paramilitares, partidos tradicionales y el Gobierno departamental, se combinó la eliminación física de dirigentes y militantes, el desplazamiento forzado y la penalización.

La existencia del siniestro plan la corrobora el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó la libertad de todos los que permanecen en prisión y la nulidad de lo actuado. Corrigió así la tremenda injusticia, que incluyó desmanes como la sentencia del Tribunal de Orden Público, que cambió la pena del ex alcalde de Apartadó y ex miembro del Comité Central del Partido Comunista, Nelson Campo Núñez, de seis años por rebelión a cuarenta años por rebelión y homicidio múltiple. Fueron doce años de infamia y terrorismo de Estado.