Bolivia: Tribunal Constitucional y decisiones

por Mario Ronald Duran Chuquimia (*)

Primeros meses del 2005, el Tribunal Constitucional boliviano, mediante resolución expresa establecía que los Contratos de Capitalización firmados por el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada debían haber sido aprobados por el Congreso, al no haberse cumplido con dicho requisitos, dichos contratos quedaban nulos de pleno derecho.

Dicho mandato respecto a la Capitalización fue recibido con beneplácito por amplios sectores patriotas y alabada por los movimientos sociales, los cuales amparados en dicha resolución presionarían al gobierno de Mesa para que por decreto, nacionalice el gas y el petróleo, incluso se llevo a cabo un cerco al Parlamento después de que este aprobase la nueva Ley de Hidrocarburos que exigía el cincuenta por ciento de las ganancias para su cobro mediante impuestos u otros, para que este tome un rumbo nacionalista.

Esta historia terminaría con la renuncia a la presidencia de Carlos de Mesa y con un trueque bobo: Nacionalización por cambio presidencial; quedando para la historia, las tres semanas de paro cívico de la ciudad de El Alto, el cerco a la ciudad de La Paz, el contagio de dicha demanda a todo el país, la muerte del cooperativista minero Coro Mayta por balas anónimas.

Septiembre de 2005, el mismo Tribunal Constitucional a declarado la pertinencia de la demanda que exige una nueva asignación de escaños otorgando mas curules parlamentarios a los departamentos que tengan mayor población, dicha decisión fue producto del análisis de la Carta Magna, que tiene a su favor toda la lógica posible, pues otorga representación a las personas de acuerdo al lugar de su residencia y abre un debate necesario, la asignación de recursos públicos en función a la densidad poblacional.

Pero, circo político boliviano mediante, han surgido fuertes posiciones por las brigadas parlamentarias de Occidente para no permitir la reducción de sus escaños parlamentarios en alianza con los movimientos sociales y la posible suspensión del proceso electoral, producto de los acuerdos de junio, con las graves consecuencias de esta demora pues prolongaría la indefinición política y por lo tanto la agonía boliviana.

Así también están ocasionando el nuevo ondear de banderas autonomistas en la región oriental, que reclaman con justo derecho una mayor representación parlamentaria, en razon a su mayor peso poblacional.

A este juego se prestan los parlamentarios que no quieren dejar el sueldote de casi cincuenta veces el salario mínimo nacional y se aferran al cargo con uñas y dientes, a estos individuos que han perdido credibilidad y representatividad hay que recordarles que al calor de las movilizaciones de junio, estaban dispuestos a renunciar... mas por salvar el cuello que por vocación patriótica.

Con estos antecedentes, es necesario establecer que las decisiones del Tribunal Constitucional son de necesaria obediencia a la ley y por lo tanto, son de cumplimiento obligatorio, por lo que, las cámaras deberán establecer los mecanismos necesarios para garantizar el proceso electoral de diciembre y la distribución de escaños acorde a la densidad poblacional, pero con un discriminante positivo: la extensión de ayudas económicas a las zonas expulsoras de población y la generación de alternativas de desarrollo.

La Paz/Chuquiagumarka, 3 de Octubre de 2005.

(*) El autor fue Secretario Ejecutivo de la Confederación Universitaria Boliviana.

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