De rodillas

Por Horacio Duque

Como no podía ser de otra manera, de rodillas termino postrado el gobierno de Uribe Vélez ante los jefes paramilitares de San José de Ralito, al término de la reunión que celebró con estos el Ministro del Interior y el Alto Comisionado de Paz, para resolver el impasse suscitado recientemente entre las partes, tanto por la detención de Diego Fernando Murillo (alias Don Berna) en la cárcel de máxima seguridad de Combita y su inmediata extradición a los Estados Unidos, como por las objeciones del presidente Uribe a la participación electoral de los paras y el inminente vencimiento del plazo acordado para la total desmovilización de los escuadrones de la muerte.

Si bien es cierto que como parte de la estrategia de “Seguridad democrática” ejecutada por la actual administración, los planes para desactivar los grupos paramilitares corresponden a los nuevos paradigmas de contrainsurgencia impulsados por el Estado imperialista norteamericano (Guerra de Cuarta Generación, Guerra Asimétrica, Conflicto Idiosincrásico o Conflicto Etico) a través del Plan Colombia, que el año entrante recibirá 600 millones de dólares del presupuesto USA (para completar casi 8000 millones en los últimos 7 años), de los cuales 20 millones de dólares se canalizaran hacia la Mesa de Ralito, no menos cierto es que el paramilitarismo mantiene una descomunal incidencia en el curso político colombiano. Los paramilitares fueron definitorios en la elección de Uribe Vélez como Presidente de la República y lo serán en su reelección, el próximo 8 de mayo. La capacidad de intimidación y las enormes fortunas de los paramilitares son uno de los más importantes recursos de la continuidad, por otros cuatro años más, del Mesías narcoparaco en el poder, según las denuncias de la oposición.

Para que ahondar en la incidencia económica del narcoparamilitarismo cuando sabemos que Colombia se convirtió en un centro clave de acumulación de capital y gestión comercial para una de las industrias más florecientes del mundo, la producción, procesamiento y distribución internacional de narcóticos, no obstante las objeciones que hacen en la Junta Directiva del Banco de la Republica a esta afirmación, a pesar de que ellos mismos han autorizado en los últimos 36 meses cerca de 5000 puntos de profesionales del cambio de divisas por todo el territorio nacional, para que por allí ingresen al torrente monetario miles de millones de dólares procedentes del narcotráfico.

Este contexto es lo que explica el remilgo paraco. Frente al cual los funcionarios gubernamentales se entregan obedientes como para confirmar la comunidad de intereses que los une.

Es que en éste episodio el pulso lo ganaron los paramilitares, al aceptar el gobierno la imposición de la prorroga que le dió la gana fijar a los paracos para su desmovilización, que se corre para el 15 de febrero del año entrante, en plena campaña electoral; así, las desmovilizaciones continuaran al ritmo que marquen los señores de las AUC; Báez ya dijo que diseñaran su propio esquema para desmontar sus aparatos de terror. Al ampliar los privilegios de que goza “Don Berna”, en su sitio de reclusión en la cárcel de alta seguridad de Itagui, que se va convirtiendo en otra Catedral como la que tuvo Pablo Escobar, durante el gobiernote Cesar Gaviria y acordar tres nuevos sitios privilegiados de reclusión: en el antiguo campamento de Urrá (Córdoba) y en San José del Nus y Angelópolis (Antioquia). Al otorgar nuevos elementos de seguridad jurídica e impunidad. Y al conceder prerrogativas para su ingreso a la vida civil.

Se paso, pues, de los ultimátums a la claudicación.

Ante el país quedó como una farsa el ultimátum del señor Uribe a los paramilitares.

Es tal el grado de supeditación del actual régimen a los escuadrones de la muerte, que se omitió, en las vergonzosas conversaciones sostenidas, asuntos cruciales planteados por la opinión pública, tales como la permanencia y expansión del negocio del narcotráfico en manos de Don Berna, Macaco, El Viejo, Ernesto Báez, El Alemán y Mancuso, quienes figuran como los principales propietarios de las exportaciones de narcóticos hacia México, Usa y Europa; no es un secreto que bloques como el Central Bolívar, el Mineros y el Vencedores de Arauca siguen funcionando a todo vapor con el negocio de la droga. El asesinato y las agresiones a la población civil. Sus alianzas políticas regionales para imponer representantes en el poder legislativo. La conformación de nuevas bandas (postparamilitarismo) para intimidar a la población. Y su silencio frente a las demandas de reparación y restitución a la sociedad de las grandes fortunas usurpadas por esas fuerzas mercenarias en las últimas décadas.

Al término de este bochornosos episodio lo que queda claro es que el actual gobierno no tiene como objetivo el desmonte y la erradicación del fenómeno paramilitar, tal como se anuncia en el discurso oficial.

Lo que está en curso es una obra de reingeniería para remozar los mecanismos de dominación violenta, mediante la inserción gradual del dispositivo paramilitar en las fuerzas policíacas estatales.

No hay, pues, una política seria para la superación y desmonte total y definitivo del paramilitarismo, tanto de sus estructuras armadas como de sus redes de apoyo económico, actividades criminales, presiones y chantajes políticos y sociales, y control ilícito de territorios.

Cali, 21 de noviembre de 2005.